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Sucesos

¿Por qué los empleados municipales no tienen ART?

El Estado Municipal le debe 1.8 millones de pesos a Swiss Medical Group, una aseguradora contratada sin concursar en el período Bonfigli. La gestión actual duda de la legalidad de este  convenio, sin embargo planea abonar la deuda que le traba la posibilidad de reasegurar a los empleados municipales. La Municipalidad, sospechosamente, tiene una de las tasas más elevadas de accidentes laborales del país. Desde el 2011 Bonfigli, el Secretario del Sitramag Gabriel Medina y el letrado Eugenio Coggiola tienen una denuncia penal en su contra por la cantidad de juicios que los trabajadores iniciaron a las ART.

Hace alrededor de 8 meses que los empleados municipales no tienen ART. “La Municipalidad está trabajando en el proyecto de ser su propia ART, es decir de autoasegurarse. Estamos terminando los trámites necesarios para dictar la norma correspondiente de este sistema”, explica Roberto Urreta, Secretario de Asuntos Municipales.

Sin embargo, si bien en el mientras tanto desde el Estado Municipal se estaría garantizando a través de convenios con sanatorios, farmacias y profesionales de la salud la atención de la planta de trabajadores, lo cierto es que la cobertura actual se encuentra al margen de la Ley Nacional 24.557 de Riesgos de Trabajo.

Aún aprobado el proyecto de autoseguro en el que trabaja el Municipio, el mismo debe ser autorizado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación que, para dar luz verde, exigirá que el Estado no tenga deuda con su anterior prestataria, Swiss Medical Group, un detalle de 1.8 millones de pesos.

Ser empleado municipal: un trabajo peligroso

Durante el año 2009 explotó en la provincia de Córdoba una causa por presuntas estafas con demandas laborales a aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), a partir de la investigación de unos 700 casos en la Municipalidad de Córdoba y más de 1.500 litigios de empleados de la Provincia. Según la propia Municipalidad de Alta Gracia, existen en la actualidad alrededor de 260 causas judiciales iniciadas por sus empleados a las ART sobre una planta de 650 asegurados, lo que significa que el 40 por ciento de la planta municipal habría sufrido accidentes laborales.

Por este tema, a comienzos de 2011, el ex intendente Mario Bonfigli, el ex asesor letrado Carlos Tello, el secretario del SITRAMAG Gabriel Medina, el abogado Eugenio Coggiola y el médico René Llabot fueron denunciados penalmente por el abogado Alejandro Zeverín, por estafa contra la administración pública y asociación ilícita. “Es una causa que se encuentra en trámite en la justicia federal ya que en definitiva se está defraudando al fondo fiduciario de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En Alta Gracia se da un caso paradigmático, un municipio donde prácticamente todo el personal se encuentra incapacitado”, declaró Zeverín a este medio y agregó que “es una situación muy graciosa porque el abogado particular de prácticamente todos los casos es el ex asesor letrado de la Municipalidad (Coggiola) y se utilizaron certificados médicos en todos los casos de un solo médico (René Llabot)”.

¿Una deuda ilegítima?

En el marco del escándalo provincial y debido al sospechoso índice de siniestralidad de nuestro municipio la aseguradora “La Caja” comenzó a aumentar periódicamente el precio de su servicio que pasó de representar el 2,01 por ciento de la masa salarial al 8,16 por ciento. Un costo elevado que pagamos entre todos y que el gobierno de Bonfigli decidió moderar contratando en abril de 2011 a una nueva prestadora: Swiss Medical Group. Una erogación mensual que significaba un 8% de la masa salarial, anclada por un año, que fue contratada sin realizar un concurso de precios a pesar de que la Ordenanza vigente en aquel momento (la N°8784) lo estipulaba para convenios de entre 45 mil y 500 mil pesos.

Vencido el primer año de contrato de Swiss Medical Group, la aseguradora volvió a reajustar su tarifa, ya bajo el gobierno de Unión por Córdoba. El ejecutivo municipal bajó en septiembre de 2012 una ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante donde se decidía acogerse al sistema de autoseguro de ASECOR, una empresa con una participación accionaria mayoritaria del Estado Provincial. En los considerandos de dicha ordenanza el ejecutivo habló de un ahorro de 300 mil pesos mensuales con el cambio de aseguradora, pero no cuestionó la contratación ni la cantidad de accidentes que se denunciaban en la municipalidad. La iniciativa chocó con los intereses de los trabajadores municipales que rechazaron el cambio al considerar que el nuevo sistema no brindaba los servicios reconocidos por una ART que exige la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y el gobierno tuvo que volver sobre sus pasos.

Marcha atrás

Apenas comenzado este año el Ejecutivo envió un nuevo proyecto derogando la ordenanza de ASECOR y autorizando a la contratación directa de una nueva ART, sin embargo el tono cambió. En el texto de la ordenanza 9441 la Municipalidad pone en duda la legalidad de la contratación de Swiss Medical: “Procedase a iniciar las actuaciones administrativas para determinar la legalidad de la contratación de Swiss Medical Group”, reza el artículo 7. La normativa autoriza además al Ejecutivo a pedir que se investiguen “las relaciones existentes entre juicios iniciados, acuerdos extrajudiciales homologados ante el Poder Judicial y pagos efectuados en concepto de indemnizaciones y costas judiciales por la última aseguradora (…) que puedan haber redundado en un aumento de  las erogaciones a cargo de la Municipalidad”.

La suspensión del pago a Swiss Medical originó una deuda que ronda los 2 millones de pesos y que mientras no se negocie traba por ley la posibilidad del Municipio de brindarle la prestación legal a los empleados municipales.

“Hemos acordado con la ART cerrar la deuda en 1.8 millones de pesos que vamos a pagar en 15 cuotas sin interés”, anunció Urreta a Papel Tortuga. Luego del pago de la segunda cuota la Municipalidad podría inscribir legalmente su plan de autoseguro en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Con el micrófono encendido, nadie en el gobierno asegura que el tema se vaya a investigar y llevar a la justicia. Los nombres de los implicados abren juego a todo tipo de especulaciones: el rumor permanente del pacto Saieg-Bonfigli, la incómoda situación del justicialista y secretario del sindicato durante las dos gestiones Gabriel Medina, entre otras.

 

POR SEBASTIÁN GUALDA. PUBLICADO EN PAPEL TORTUGA.