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El TSJ falló en contra del pedido de dos padres altagracienses

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia resolvió rechazar el recurso de casación iniciado por un vecino de Alta Gracia, que había interpuesto la medida a raíz de un fallo de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo de Córdoba.

El caso, se originó a partir de un amparo solicitado por los padres de una niña que actualmente tiene 11 años, debido a que Apross (Administración Provincial de Seguro de Salud), entonces IPAM, no realizaba cobertura de los gastos ni de los equipamientos relativos a la discapacidad de la niña. En relación al fallo en cuestión, Apross no reconocía los gastos en concepto de viáticos, por un viaje realizado a Buenos Aires para calibrar los audífonos de la pequeña. Además, la obra social provincial ofrecía un monto menor (17 mil pesos) de reintegro a los padres, por la compra de un bipedestador que costó 34 mil.

La niña, padece múltiples discapacidades, y tiene un largo historial en la Justicia debido al tratamiento, ya que la prestataria de salud no reconoce algunos gastos.

Más allá de no mostrarse de acuerdo con los gastos por viáticos de un viaje realizado a Buenos Aires y del aparato que es esencial para la niña, se espera para los próximos días un fallo de una Jueza de Córdoba, debido a que en esta oportunidad, Apross no reintegra desde marzo de este año, pues considera que los costos en concepto de los profesionales que participan del tratamiento de la joven son elevados y niega el reintegro de la acompañante terapéutica por no ser psicóloga.

Mientras se espera el fallo, los padres mostraron su preocupación ante la posibilidad de una resolución desfavorable, ya que los gastos se les hacen imposible afrontar, debido a que en concepto de ingresos, no cubrirían ni la tercera parte del monto que requiere el tratamiento.

Sobre la nota de La Voz del Interior

*Por los padres de la niña

En relación al artículo publicado en el periódico La Voz del Interior el pasado sábado 27 de septiembre en la sección “Ciudadanos”, cuyo autor no se ha dado a conocer, manifestamos nuestra posición tendiente a refutarlo por la forma tendenciosa y parcial de exposición del mismo. Además, el titulado y los destacados desvirtúan la realidad con términos que resultan engañosos y que no se encuentran relacionados al caso.
El título es artificioso (“El TSJ no reconoce cobertura asistencial a niña discapacitada”), puesto que no se corresponde al asunto pertinente de las coberturas involucradas en el fallo en cuestión. En el copete se manifiesta que el máximo tribunal instó a Apross a cubrir su rehabilitación pero agrega una falacia que confunde y no se condice con el reclamo efectuado que persigue el recurso de amparo referido (“Pero no prestaciones como alimentación y vivienda”).
La redacción del texto es arbitraria y contradictoria en sí misma, dado que cita que el tribunal instó a la obra social a que genere los canales de cobertura razonables y en tiempo conveniente, y esta orden del Tribunal al Apross se sustenta en que, desde el inicio de la sentencia, esta obra social la ha incumplido, menoscabando el tratamiento de la niña.
Por otro lado, en el destacado titulado “Atención”, dice que “quedó probado que la Apross ha brindado la cobertura”, cuando esta aseveración resulta a todas luces opuesta, ya que no justificaría la necesidad de que el progenitor tuviera que verse obligado a llegar a la instancia judicial última.
De esta manera, creemos que en el artículo se han transcripto párrafos inconexos, confusos y parciales, totalmente fuera de contexto. 

 

La historia de la niña

La joven nació en el año 2002. Es “multi impedida”, puesto que padece una discapacidad motriz muy severa a causa de no habérsele desarrollado el cerebelo, lo que le produjo un nacimiento extremadamente prematuro. “No tenía ni cinco meses de embarazo cuando nació y pesaba 480 gramos”, relató la madre.

El tiempo que llevó en terapia le generó una hipoacusia severa que fue mejorando con el tratamiento. Así mismo, padece también de un daño a la vista (una retinopatía), hecho que la obligó a ser operada desde pequeña.

La joven no puede sentarse y tiene movimientos involuntarios que no puede manejar. “Estaba muy desintegrada sensorialmente y hoy está fantástica. Además, tiene una gran estimulación con un tratamiento super intensivo”, comentó la mamá.

 
INICIO DE ACCIONES
La obra social, según explicaron los padres, “fue cubriendo los costos en parte”. “Iban avanzando los costos y cuando mi hija necesitó equipamiento fue el problema. Le pedimos una silla de ruedas y tardaron 11 meses en traerla, y en niños con estas patologías, no tener el equipamiento, es condenarlos a tener deformidad, dolores y otros problemas”, contextualizó el padre.
“Cuando empezamos con este problema que fue por la silla que demoró tanto, empezamos a pedir otras cosas, como los audífonos por la hipoacusia, y la respuesta fue no, no y no. Ya había que parar a mí hija en un bipedestador porque corría riesgos de luxarse. Por ello iniciamos el amparo. Recordamos que la sentencia fue impecable”, recordó la mujer sobre la resolución de la Jueza.
Luego de otras acciones tendientes a que Apross devolviera el monto que la familia invirtió en el tratamiento de la niña, el TSJ ratificó un fallo de la Cámara que, contradiciendo sus propias dos resoluciones anteriores que reconocían los viáticos como gastos necesarios para el tratamiento de la niña, le dio la derecha a la obra social. “En efecto, los rubros que el amparista peticiona a través de la presente vía extraordinaria exceden la necesaria relación con la situación de discapacidad de la niña (…) y por tanto, no revisten el carácter de obligatorios para la prestadora”, expresó en el fallo.
Además, el Alto Cuerpo manifestó que “se entiende pertinente generar canales de cobertura que respondan a criterios de adecuación, proporcionalidad y simpleza que insuman plazos razonables para la atención de la discapacidad que sufre la menor”.
La obra social no quiere reintegrar y la jueza decidió siempre favorablemente, pero tiempo después, cambió su postura. “Pagábamos, sacamos préstamos, los amigos prestaron, vendimos un terreno que lo íbamos a reservar para mi hija, hipotecamos la casa pensando en que la Justicia nos protegería y el IPAM nos iba a devolver. No nos van a devolver”, manifestaron los padres.
 
A LA ESPERA DEL JUZGADO
Frente a otra acción legal que en los próximos días tendría una resolución, los padres de la niña creen que es fundamental para la continuidad del tratamiento, que el fallo sea favorable. Se espera que se le ordene a Apross abonar un monto aproximado a los 185 mil pesos, producto del pago de honorarios de los profesionales que intervienen en el tratamiento desde marzo a agosto de este año, que el Apross se negó a cubrir, y un monto de 91 mil pesos por reparaciones de equipamientos y la adquisición de una silla de ruedas que Apross no entregó a pesar de haber sido pedida hace más de un año.
Sin embargo, la prestataria argumenta que el monto que debe pagar, es mucho menor y se niega a cubrir los equipamientos. “Peligra la continuidad escolar porque no puede estar sin acompañante terapéutico en el establecimiento porque requiere ser asistida, dentro del aula, para que la lleven al baño, a educación física. En el colegio necesita los dos profesionales (acompañante y maestro integrador) y no podría ser de otra manera”, contó la madre y continuó: “No me alcanza la plata. Hemos pedido préstamos, hipotecamos la casa, vendimos un terreno. Ya no nos dan préstamos y por eso la urgencia”.
“Esta no es una cuestión de dinero, vulneran el tratamiento porque los padres no lo podemos afrontar solos. Para vivir y afrontarlo deberíamos ganar casi cien mil pesos y no llegamos a 25 mil”, reflexionó con dolor la mujer.
 
VIDA SOCIAL ACTIVA

La niña se encuentra en cuarto grado de una escuela de Alta Gracia. La joven está integrada a la currícula escolar y presenta muy buenas calificaciones. “Esto se debe al tratamiento. Mediante la rehabilitación, pudimos integrarla al colegio y le está yendo muy bien”, manifestó su madre. Además, integra otros espacios de socialización en donde se encuentra con pares y logra comunicarse con facilidad a través de una computadora.

LAS LEYES

  • Constitución de la provincia de Córdoba

Artículo 27: Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de la solidaridad.

  • Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad o Ley 24.901

Artículo 1: Institúyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. 

Artículo 2: Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.