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Política, Provincia de Córdoba, Sociedad

Las tramas del territorio

El ordenamiento territorial del bosque nativo, historia y significación del proceso

Autoras:

  • Dra. Alicia Barchuk (aliciabarchuk@gmail.com)
  • Mgter. María Inés Chiotti (manechiotti@yahoo.com.ar)
  • Lic. María Alicia Noero (lilinoero@hotmail.com)
    Presidenta y Asesoras Legislativas
    COTBN-2009/2010

Toda persona tiene derecho a conocer la información sobre la realidad ambiental en la que vive, la legislación existente, y a participar en la elaboración de leyes, políticas públicas y proyectos socio-comunitarios, en defensa del ambiente y del territorio.

Esto además de ser central en el cuidado de la vida, nuestra comunidad y nuestro ecosistema, para el presente y el futuro de nuestra sociedad, está también regulado y garantizado por leyes nacionales de acceso a la información pública en materia ambiental y realización de estudios de impacto ambiental participativos, entre otras normativas.

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo Nº26.331 del año 2007, se propone ordenar el territorio en función del cuidado del bosque nativo dada la importancia de su existencia para la vida y la escasez del mismo, como consecuencia del modelo de desarrollo imperante en las últimas décadas. Ese ordenamiento consiste en un mapa que zonifica el territorio y determina sus usos en tres colores, rojo, amarillo y verde, según su valor de conservación.

Los servicios eco sistémicos que el bosque nativo brinda y por los cuales deben ser protegidos, son múltiples: regulación climática, hídrica, absorción del dióxido de carbono, hábitat de poblaciones, conservación de la biodiversidad, salud, cultura, esparcimiento, historias y pertenencia, trabajo, alimentos, producción y desarrollo. Así mismo, estos servicios eco sistémicos son los que nuestra provincia necesita resguardar para prevenir catástrofes climáticas y socio-ambientales como las inundaciones, incendios, aluviones y sequias que los cordobeses ya conocemos y vivimos.

La ley de bosque nativo es de Orden Público, lo que significa que está por sobre cualquier interés particular o privado, ya que su razón es de vital importancia para el bien común de toda sociedad. Es por ello, que no puede ser concebida como una disputa intersectorial, su relevancia trasciende sectores y generaciones.

Cada provincia debe dictar su propia Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) según las pautas y criterios establecidos por la Ley Nacional. De incurrir en legislaciones que vayan por debajo de los presupuestos mínimos establecidos, la normativa provincial sería inconstitucional.
La Ley Nacional es clara, no se puede desmontar, partiendo como piso mínimo de cobertura del territorio nacional, el bosque nativo existente desde el año 2007, a los fines de conservar, proteger y expandir dicho ecosistema para el desarrollo integral, sustentable y sostenible del país.

En Córdoba, durante los años 2009 y 2010 se desarrolló el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo en el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN) siguiendo los parámetros nacionales de participación pública, debate político y fundamentación científica, dando como resultado la vigente Ley Provincial Nº 9.814 del año 2010, compuesta por un conjunto de artículos y el mapa correspondiente. La norma establece que deben ser conservados los bosques nativos de la provincia que se encuentren en la zona perteneciente a la Categoría de Conservación I (rojo) y a la Categoría de Conservación II (amarillo), y no se permitirá cambio de uso del suelo ni desmonte.

Sin monte no hay vida

Como el monte es vida, es también movimiento, esta es la razón por la cual la ley nacional plantea la actualización periódica de los mapas, cada 5 años, con el objetivo de ampliar la cobertura de bosque nativo existente. De lo contrario, se violaría el principio de no regresividad en materia ambiental.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha enviado a la Legislatura el Anteproyecto de Ley Nº20811/L/16 que incurre en claras irregularidades en cuanto a la esencia de su articulado, ubicándola por debajo de los presupuestos mínimos de protección del bosque nativo establecidos por la ley nacional, así como la falta de conocimiento público del mapa de zonificación actualizado y sus criterios de realización, los cuales están claramente establecidos por la ley nacional.

En el cuerpo de dicho anteproyecto, se permite entre otras cuestiones, el desmonte mediante el topado y rolado en zonas amarillas y rojas; se incluye la regulación de especies exóticas; no diferencia a los pequeños productores de los “productores formales”; propone que la autoridad encargada de aplicar la ley no sea más la Secretaría de Ambiente sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología, violando la Ley Provincial de Ambiente; permite ejercer la actividad minera en zonas rojas y define a “bosques” solo a los que poseen “especies arbóreas maduras”, excluyendo los estratos herbáceos y arbustivos, lianas, enredaderas, musgos, helechos, fauna, microorganismos, es decir, alta biodiversidad; clave para garantizar los servicios eco sistémicos que brinda el bosque nativo y su conservación a perpetuidad. Es por todo lo expuesto que el citado anteproyecto de ley debe ser archivado, llevándose adelante la actualización de los mapas de ordenamiento territorial del bosque nativo conforme a la normativa vigente.

Las tramas del territorio

Lo que se discute, en concreto, son los usos del territorio y la posibilidad de avanzar con el desmonte sobre las zonas en donde aún se conservan bosques nativos, el noroeste cordobés y las sierras. De allí la importancia de la actualización de un mapa y su uso estratégico, no solo a nivel ecológico sino económico y socio-político. Definir el territorio cordobés en el contexto actual pone en juego un complejo entramado de actores e intereses que forman parte de las coberturas con las que se analiza el territorio, aunque vayan solapadas intencionalmente. En esta trama, el poder ejecutivo no termina de ejecutar, el poder legislativo no para de negociar a inicios de un año electoral, el poder nacional presiona al gobierno provincial, como si le interesara lo ambiental, fortaleciendo las incipientes alianzas locales que ocupan municipios y comunas estratégicas en las zonas rojas más caras de la provincia.

Mientras tanto, el monte está, enmarañado como la realidad.