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  • 8 de agosto

Política

La Justicia Federal hizo lugar a un reclamo de “la 8 de Agosto”

A través de una gacetilla de prensa, la asociación civil 8 de Agosto, que trabaja en las Canteras del Cerro en un proyecto de hábitat social, dio a conocer una decisión del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, para que los Estados municipal y nacional, atiendan el reclamo ante vulneraciones a los Derechos de los habitantes de este loteo.

El titular del Juzgado Federal número 2 de Córdoba, de esta manera, estaría dando lugar al amparo que había interpuesto “la 8 de Agosto” a través de cuatro mujeres socias de la asociación civil que asumieron ser amparistas, junto a las organizaciones Serviproh (Servicio en Promoción Humana), TECHO Argentina y el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE).

Desde “la 8 de Agosto” precisan que la medida se presentó “luego de agotar todas las instancias administrativas para solicitar a ambos Estados una resolución clara y urgente sobre las condiciones que ‘lesionan, alteran y restringen un conjunto de derechos humanos fundamentales, todos de raigambre constitucional, legal y convencional’”.

En la presentación, solicitaban al Juzgado Federal que garantizara el cese de “las acciones y omisiones que impiden el desarrollo urbanístico del barrio ‘Asociación 8 de Agosto’ en Alta Gracia”, como también que dispusiera y arbitrara los medios necesarios para que se garantizara “el disfrute de una vivienda digna, saludable, adecuada y segura en dicho lugar”.

Tanto el municipio como el gobierno nacional tienen ahora un plazo perentorio para responder a la autoridad judicial, que les exhorta a dar cumplimiento a las obras de infraestructura básicas que están contempladas en una ordenanza del año 2013.

“Hemos cumplimentado absolutamente todos los requerimientos que se nos han solicitado tanto de Nación como del Municipio e incluso del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba sin poder lograr conexiones de luz segura (con cada medidor familiar), ni apertura de calles para una mayor seguridad, para el acceso de ambulancias, bomberos, ni el acceso al servicio más básico y considerado un Derecho Humano esencial como el agua domiciliaria”, argumentan desde la asociación civil.