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Derechos Humanos, Diversidad, Nacionales

Conquista histórica: Decretan “cupo laboral trans” en el sector público nacional

En la madrugada del viernes 4 de septiembre, el presidente Alberto Fernández estableció, a través del decreto 721/2020, el cupo laboral trans en el Sector Público Nacional, que dispone que al menos el uno por ciento de los cargos de personal de esta esfera deberán ser ocupados “por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. Se trata de una medida largamente demandada por este colectivo y en general por todo el movimiento LGBTTTIQ+.

Aclara el decreto que “el cumplimiento de lo previsto en la presente norma en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su dictado”. La norma alcanza a la totalidad de “las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen a que refiere el artículo 3° de la Ley N° 26.743”.

En su artículo 4º, el decreto establece además que para “garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. Se determina, en este sentido, que en caso de que las personas aspirantes a los puestos de trabajo no hubiesen completado su educación, “se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”.

El artículo 5º, en tanto, garantiza la capacitación de autoridades y personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público Nacional de personas trans “se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas”.

En el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se dispone la creación del Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero Aspirantes a Ingresar a Trabajar en el Sector Público Nacional. Ese registro deberá constar con los perfiles laborales de las personas inscriptas para poner a disposición de las Jurisdicciones y Entidades del Estado Nacional, quienes deberán informar los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles.

CUESTIÓN DE DERECHOS

En los considerandos de este decreto, se destaca que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas han recomendado el desarrollo de estrategias intersectoriales para “garantizar la participación democrática y el empoderamiento de las personas LGBTI” y la adopción de medidas para “aplicar la Ley de Identidad de Género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres transgénero”.

También se asienta en los considerandos que “las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna”. Y se destaca que sus trayectorias de vida están atravesadas “por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones”.

Se incorpora, en este marco, el trágico dato de que un patrón sistemático de desigualdad condena a este colectivo a una expectativa de vida que oscila entre los 35 y los 40 años promedio. “La cadena de exclusiones y discriminación que sufren desde la niñez incide directamente en su capacidad de gozar plenamente de los derechos humanos que poseen”, afirma el texto, concluyendo que en materia formativa, “la dificultad que tienen las citadas personas para concluir sus estudios primarios, secundarios y universitarios debe ser reparada por el Estado mediante medidas de acción positiva que no solo incentiven sino que también las acompañen en el proceso de terminalidad educativa”.

También se menciona el proceso de criminalización al que viene siendo condenado este colectivo bajo instrumentación de normativas contravencionales y de faltas, y la imposición de violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad. Lo que, junto a la exclusión histórica en los ámbitos educativos y laborales, deviene en una “situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos colectivos” que imposibilita su acceso al mercado de trabajo en condiciones igualitarias.

Leé el decreto completo en el siguiente link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234520/20200904

FOTO: AGENCIA PRESENTES

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