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Derechos Humanos, Provincia de Córdoba, Valle de Paravachasca

Con dos imputados de Paravachasca, el 22 de febrero se leerá la sentencia del juicio «Diedrichs – Herrera» por crímenes de lesa humanidad

Se trata del 12º juicio por crímenes de lesa humanidad que se celebra en Córdoba. El proceso, que arrancó el 9 de septiembre de 2020, juzga 39 crímenes cometidos contra 43 víctimas, nueve de las cuales son sobrevivientes y el resto fueron asesinadas o desaparecidas. Tras el fallecimiento impune de José Hugo Herrera, son 17 los ex militares y policías que esperan sus condenas; entre ellos Arnoldo José «Chuby» López y Carlos Alberto «HB» Díaz. La audiencia podrá seguirse por YouTube.

«Acompañemos la sentencia a la espera de un nuevo grito de Justicia para las víctimas, sus familiares y toda la sociedad», exhorta la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba, en una publicación en la que comparte el link para poder seguir la última instancia de este juicio, este lunes 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana a través de la página de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal Número 1 de Córdoba: https://www.youtube.com/channel/UCyQJUlKhS-thgxlv-HcYTOA?fbclid=IwAR3DdhobWZgr7I-0BKa-WUDm2WkWuKbKaQ2OihEzoNTY8KqUNAFn3P_XiiQ.

Entre los imputados, se encuentran nuevamente dos genocidas del Valle de Paravachasca ya condenados en otros juicios anteriores: Arnoldo José «Chuby» López y Carlos Alberto «HB» Díaz.

López, quien supo tener domicilio en Villa La Bolsa, fue personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón de Inteligencia 141 general Iribarren y actuó en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio “La Ribera” y “La Perla”. Llega a este juicio, condenado a prisión perpetua en 2016 en la «Megacausa La Perla» por el terrorismo de Estado en Córdoba. En la causa «Diedrichs – Herrera» está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado en reiteradas ocasiones. Actualmente, cumple su pena en la cárcel de Bouwer.

Díaz, con domicilio en Alta Gracia, en tanto, fue sargento del Ejército Argentino, integrante del Comando Operaciones Especiales 3 (OP3) y actuó también en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio «La Ribera» y «La Perla», siendo parte de la llamada «Patota» de este último. Fue condenado a prisión perpetua en 2008 en la «Causa Brandalisis» y también en 2016 en la «Megacausa La Perla» (entre otros delitos, por el robo del bebé de Silvina Parodi; osea, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres); y también recibió condena de nueve años de prisión en la causa «González Navarro – Vergéz». En el actual juicio está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado en reiteradas ocasiones; y llega a la sentencia cumpliendo prisión domiciliaria.

Vídeo elaborado por los organismos de Derechos Humanos de Córdoba

Un juicio en pandemia

«Con respecto a los delitos que se juzgan, en la causa Diedrichs se investigan tres hechos cometidos entre el 29 de junio al 15 de agosto contra siete víctimas y respecto a la causa Herrera los hechos que se investigan fueron cometidos entre el 26 de marzo al 10 de septiembre de 1976 en perjuicio de 36 víctimas. La mayoría de las víctimas militaban en el PRT-ERP», precisa el sitio Será Justicia, que ha seguido de cerca todo el proceso.

El comienzo de este juicio tuvo varias dilaciones, condicionado por el contexto de pandemia. En este marco, se instrumentaron protocolos sanitarios y tecnológicos singulares. En el recinto estuvo presente el Tribunal, integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier; el fiscal General Maximiliano Hairabedián; y los abogados de las partes.

Asimismo, se transmitieron todas las audiencias, cada miércoles, a través de la página de YouTube del Tribunal. En ese marco, destacan desde Será Justicia que «el acompañamiento virtual y la difusión fueron fundamentales para visibilizar este proceso en un contexto particular».

En la 15º audiencia, los abogados querellantes Claudio Orosz y Lyllan Luque pidieron la condena de prisión perpetua para todos los acusados. En la audiencia siguiente, el fiscal Maximiliano Hairabedián sorprendió a los organismos de Derechos Humanos al solicitar nueve prisiones perpetuas, 18 años de prisión para seis acusados, cuatro años de prisión para otro y dos absoluciones. La defensa pública de los imputados, por su parte, pidió absoluciones para sus representados.

«Testimonios contundentes»

El citado sitio Será Justicia narra sintéticamente bajo ese título, el derrotero de este proceso judicial iniciado el 9 de septiembre de 2020: «En diciembre, el Tribunal Oral Federal Nº1 terminó de receptar las declaraciones testimoniales que integran la causa Diedrichs-Herrera. En total, fueron once las audiencias. Unos 48 testigos relataron cómo el terrorismo de Estado atravesó sus vidas y las de sus familias, dejando secuelas de mucho dolor.

«A lo largo de las 11 audiencias que demandó la ronda de declaraciones testimoniales, los relatos ahondaron en los hechos puntuales que se juzgan, pero también brindaron un marco más amplio del contexto represivo. 

«Asimismo, los testimonios abordaron y profundizaron sobre el plan sistemático de desaparición de personas, desde el momento del secuestro, el sometimiento en los centros clandestinos hasta las desapariciones o asesinatos bajo simulados enfrentamientos

«También denunciaron las distintas complicidades civiles tanto de las empresas con sus trabajadoresla Iglesia, los medios de comunicación, funcionarios políticos y el poder judicial». 

«¿La absolución es justicia?»

A esa pregunta se la hace la organización «Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba» en un texto editorial en el que destacan que «fueron las Madres quienes empujaron las decisiones políticas que nos permitieron llevar a juicio a los genocidas» y que «siempre fue necesario que existiera voluntad política para llevar a cabo cada una de las acciones que el poder judicial debe poner a disposición para estos casos».

Asimismo, señalan que «la demora que vienen teniendo los juicios tiene como consecuencia la impunidad biológica y la ausencia de justicia para familiares y víctimas», que «la falta de presupuestos asignados hace que los recursos sean cada vez más escasos», lo que trae como consecuencia que las etapas de instrucción tarden años y que «sin personal suficiente, cuando se decide buscar la prueba resulta obvio que ya no está donde se pensaba».

Cuestiona la organización que esas carencias llevan a «situaciones inéditas»: «La fiscalía exigiendo a testigos que aporten minuciosos detalles como pruebas: Nombres, lugares, colores de baldosas… ¿Vestía un uniforme azul o verde? ¿O de civil? ¿Cuánto tiempo tardó el viaje de tal a cual lugar, mientras estaba encapuchada y esposada?  Los testigos hacen el esfuerzo, describen situaciones, hechos, eventos tan terribles como el tiempo de espera. Afirman que una patota saca a una víctima de su casa a la vista de los vecinos. Esa víctima es vista en otro lado y aparece el cuerpo con un balazo en la cabeza… ‘Son indicios, no echan luz sobre el lugar donde estuvo’, replica la fiscalía».

E inquieren con mayor contundencia: «Todo lo que estamos esperando que confiesen los acusados, todo aquello que el Poder judicial tardó décadas en investigar, todo lo que ya deberíamos saber, se pretende que lo digan las mismas víctimas».

Puntualmente, desde «Familiares…», mas en nombre de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba se ven sorprendidos de que haya tantos pedidos de absolución en el juicio «Diedrichs – Herrera», «cuando está mucho más que comprobada la existencia de un plan sistemático y la articulación entre las fuerzas para ordenar el circuito represivo, ocultar las pruebas y no dejar rastros».

Sentencian en este sentido que «una justicia así no alcanza» y que de esta manera las víctimas no obtienen respuesta ni los culpables, castigo. Se preguntan si es falta de voluntad que ocurra esto, «con tantos juicios acumulados y demorados, con tanta impunidad biológica, con tantos recursos recortados».

Y concluyen que muchas generaciones nuevas están dispuestas a continuar el legado de las «Madres» en la batalla histórica para que la defensa de los Derechos Humanos sea una política de Estado.

¡Presentes!

VÍCTIMAS CAUSA HERRERA

Ernesto Martín Mora; José Oscar Akselrad; Alfredo Gustavo D’Angelo; Juan Carlos González Velarde; Wenceslao Vera; Adrián José Ferreyra; Francisco Isidoro Zamora; Luis Rodolfo Ojeda Sierra; Ángel Gustavo Jaeggi Díaz; Edelmiro Cruz Bustos Benavides; Horacio Mario González; Donemberg Hugo Eduardo; Gustavo Daniel Torres; José Alberto García Sola.

Yolanda Mabel Dámora; Omar Alejandro Olachea; Bruno Carlos Castagna; Viviana Beatriz Real Meiners; Eduardo José Bicocca; Graciela Haydee Torres Bonaldi; Zulema Edith Bendersky; Néstor Albino Acosta; Olga Yolanda Mamani; Luis Eduardo Torres; Manuel José Campos; Aldo Oscar Ojeda; Ramón Antonio Ramírez Castellanos; Carlos Ángel Salles; Amado Vicente Aostri.

VÍCTIMAS CAUSA DIEDRICHS

Claudio Luis Román, Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, Juan Carlos Soulier, Adriana María Díaz Ríos y Luis Roberto Soulier.

LEER MÁS: https://serajusticia.ar/, http://www.diariodeljuicio.com.ar/ y https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/cordoba-piden-nueve-perpetuas-y-otras-penas-de-hasta-18-anos-por-homicidios-secuestros-y-tormentos-cometidos-en-la-perla/

FOTO: FISCALES.GOB.AR