En la sesión del miércoles 17 de agosto, la Legislatura de la Provincia aprobó modificaciones a los anexos I y II de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial. Si bien oficialmente se informó que «la sanción busca dotar de mayor efectividad a la norma vigente» y que «no modifica aspectos esenciales», el Movimiento Verde Cordobés manifestó que estos cambios favorecen «el desmonte en beneficio de los negocios inmobiliarios».
Las modificaciones arribaron al pleno de la Legislatura con despacho favorable por parte de las comisiones de Ambiente y Legislación General.
La edil de Hacemos por Córdoba Nadia Fernández, al momento de informar la iniciativa, argumentó que se privilegió «la necesidad de actualizar algunos conceptos y adecuarlos al Sistema Legislativo Ambiental«. Según Fernández, el proyecto tratado en esta última sesión «no es una reforma de ninguno de los aspectos esenciales de la Ley 10.208, sino que, por el contrario, solo se modifican parcialmente puntos específicos de sus anexos que obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa, a los fines de dotar de mayor efectividad a la ley”.
Sin embargo, entre otras entidades y referentes ambientales, el Movimiento Verde Cordobés emitió un comunicado crítico con esta decisión, que inicia cuestionando la manera en que se impusieron estos cambios, ignorando el carácter participativo que le dio vida a la norma: «De manera intempestiva, mediante un tratamiento ‘express’ y sin participación ciudadana, el Gobierno de Córdoba procedió a ‘modificar’ la ley provincial de ambiente, la que otrora fuera el resultado de la lucha socio-ambiental que surgió contra el proyecto de instalación de la planta acondicionadora de semillas de la multinacional Monsanto».
A continuación, detalla que las modificaciones incorporadas buscan por un lado «legitimar el desmonte que realizan las autovías (…) otorgando un marco legal a las trazas que atraviesan bosques nativos catalogados como zonas rojas»; y por otro lado, flexibilizar requisitos para aprobar loteos, «permitiendo que numerosos emprendimientos inmobiliarios no requieran del estudio del Estudio de Impacto Ambiental previo».
Cuestiona el Movimiento Verde Cordobés que tanto el Gobierno como los legisladores, ocultan y evitan los debates ambientales para negar la participación a la sociedad: «Ni los incendios, ni las sequías, ni los lagos y ríos contaminados, ni el aumento desmesurado de los casos de cáncer y enfermedades en las zonas fumigadas, los pone a reflexionar sobre que el cuidado del ambiente debe ser una prioridad y sobre que la naturaleza debe ser también sujeta de derechos».
