En los últimos años, las problemáticas ambientales en la provincia desataron innumerables reclamos, marchas y protestas. La justicia tiene en su poder más de 140 causas sin resolución, ni avances. Sin embargo en Cosquín, el fin de semana fueron imputados vecinas y vecinos que reclaman por las irregularidades en torno al impacto ambiental y arqueológico de la autovía que atraviesa el Valle de Punilla.
Que No Se te Escape, el programa matutino de Radio Tortuga, entrevistó a Eugenia Scarpinello, abogada especialista en derechos humanos, quien conoce en profundidad esta situación. Allí expresó que «la fiscalía pareciera ser el estudio jurídico de Caminos de Las Sierras, de Roggio, de Irsa, de todas las empresas que están detrás de la construcción de la autovía».
«Digo esto porque si nosotros denunciamos daño arqueológico o que hay abuso policial o violaciones a los derechos humanos. Y estas denuncias se cajonean, se excusan, no se investiga de oficio y casi todo está parado. Y cuando hay una manifestación, un reclamo popular donde no hubo agresiones físicas y nos imputan, no podemos pensar de otra manera».
«Las imputaciones, sobre los vecinxs, han sido tanto contravencionales, como sobre cuestiones penales. Son variadas, resistencia a la autoridad, hostigamiento o amenazas. Se han otorgado medidas restrictivas para que no se acerquen, o al intendente o determinados lugares, aunque esos sean lugares sagrados o arqueológicos de importancia y que los ambientalistas los están defendiendo», agregó Scarpinello.
Consultada sobre cuantas personas fueron imputadas Scarpinello aseguró que «son al menos una decena, porque todavía siguen llegando las imputaciones. Y no solo defensores del medio ambiente, que están protegidos por el acuerdo Escazú. Si no que hay trabajadores de prensa. Están yendo contra la expresión de la prensa»
Los ambientalistas señalan también el hostigamiento a manifestantes por parte de las fuerzas policiales. En ese sentido Scarpinello describió: «Las imputaciones llegaron el domingo por la noche. En punilla es muy común que la policía llegue a la noche. El estado policíaco que vivimos en Punilla es algo que nos afecta a todos. Estamos rodeados de policía cada vez que hacemos algo. No podemos seguir así».
La abogada consideró que dichas imputaciones «son una amenaza por parte de la fiscalía. Si estás dando una citación a una persona donde le decís no te podes manifestar, no podes ir los lugares sagrados para defenderlos, porque es un bien común. Si se criminaliza la protesta, eso es lisa y llanamente una amenaza. Porque estás limitando la actividad medio ambiental».
Para finalizar Sacarpinello afirmó: «Estas acciones del poder judicial contra la protesta están relacionadas a que la obra de la autovía se está parando. Éste es un negocio millonario. Hay que visibilizar que el poder judicial de Córdoba no está siendo un poder independiente. Eso es algo evidente y el Tribunal Superior de Justicia tendría que estar actuando y no lo está haciendo. La violación a los derechos humanos se tiene que acabar y no puede estar de cómplice el poder judicial de Córdoba».
«No puede estar de cómplice una fiscalía, que ya está cuestionada a más no poder. Se van a seguir haciendo las jornadas de visibilización los jueves frente a los tribunales. Los abogados, hoy, no tenemos acceso al sistema de administración de causas. Estamos hablando de la criminalización de ambientalistas, que están defendiendo los derechos de todos. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental que lo tenemos todos».
