Podes comunicarte a la línea telefónica gratuita y confidencial 0800-222-3444, para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva

El 30 de diciembre se cumplió un año de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país. En una nota publicada por Télam, Silvina Molina, editora de Género y Diversidades de la agencia de noticias estatal presenta un estudio realizado por el Proyecto Mirar. En él se monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley de IVE, la atención posaborto, el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud. El estudio muestra una mejoría respecto de 2019, sin embargo muestra que aún persisten fuertes desigualdades entre provincias.

El Proyecto Mirar es una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en conjunto con Ibis Reproductive Health. En dicho trabajo se proceso y analizó información pública en materia de acceso a la IVE y a la ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país. Luego de estudiar el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan estas políticas públicas, se identificaron inequidades y barreras al acceso al aborto. El Proyecto está disponible en www.proyectomirar.org.ar.

A continuación algunos datos extraídos de dicho informe. La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

La nacional se ubicó en 3.2, tomando solo datos oficiales, «lo que significa que 3 de cada 1.000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre del 2021«, detalló Ramos.

Es decir, que 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar que accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público en ese periodo.

En el mismo semestre, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos.

De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.

Mirar analizó el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, sin embargo llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos. Consideran que las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional.

La iniciativa analizó datos oficiales, para construir un sistema de información que permita monitorear la aplicación de la ley IVE, como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país que en coordinación con las provincias, remueve barreras de acceso.

Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos) que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020. En otro punto del informe considera importante la necesidad de difundir más aún los alcances de la ley, de tal forma que las personas con capacidad de gestar de todo el país sepan dónde acudir para obtener un aborto seguro.

Por último el informe destaca que la información es un instrumento potente para cambiar la realidad y acercar la ley y las política pública de acceso al aborto a la vida concreta de las adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

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