El 25 de abril se cumplieron dos años de la aparición sin vida de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, tras estar 20 días desaparecida. En tanto, el 2 de mayo iniciará el cuestionado juicio que en los Tribunales de Cruz del Eje tiene como único imputado a una persona, que se sospecha que es inocente. En ese marco, «Que No Se Te Escape» entrevistó a la activista Eugenia Marengo, integrante de las organizaciones que demandan justicia por Cecilia.

«Cecilia llegó a Capilla del Monte el 20 o 21 de marzo de 2020, cuando empieza el decreto de la pandemia. Llegó después de haber viajado por Latinoamérica por cuatro años y medio. Era una mujer con experiencia en cómo moverse sola y contactarse en cada lugar, trabajar como artesana y autogestionarse. Ya había estado en Capilla del Monte en 2009 y esta vez vino a escribir un libro de viajes con las experiencias que venía teniendo».

Según relata Eugenia Marengo, el arribo de Cecilia Basaldúa a Capilla del Monte estuvo condicionado por la pandemia y ciertos contactos frustrados que impidieron que el sea fácil encontrar un lugar donde parar. En la plaza central de la localidad, una mujer le habría facilitado una casa cerca del río, pero tras unos días, la habría contactado con Mario Mainardi, un hombre que le permitió quedarse en su casa y que sería la última persona que la vio con vida antes de la desaparición.

El 5 de abril salió de esta última vivienda, en la que quedaron muchas de sus pertenencias, y a partir de allí se le perdió el rastro. Apareció sin vida 20 días después y se sospecha que fue arrastrada hasta el lugar en el que fue hallada.

Enfatiza Marengo que en ese tiempo la investigación se mostró hermética con la información y sólo circularon imprudentes trascendidos por parte de un comunicador local. Cuando apareció, se pudo comprobar que llevaba una semana sin vida.

La causa llega a juicio con la imputación de Lucas Bustos, un joven de familia humilde, que inicialmente se autoincriminó y luego denunció que fue obligado a los golpes a admitir un crimen que no cometió. Se lo acusa de ser responsable de «abuso sexual agravado por violencia de género y homicidio criminis causa«.

La cuestionada investigación fue llevada adelante por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm. Sin embargo, la familia de Cecilia Basaldúa y las organizaciones feministas confían en que la posterior incorporación de un nuevo fiscal pueda advertir las irregularidades del caso y hacer lugar a una nueva investigación que incorpore testimonios y pruebas aportadas por la querella y hasta ahora ignoradas.

Marengo afirma que hay elementos para pensar que más de una persona participaron en el crimen, que hay encubrimientos y tergiversación de los hechos.

Además, subraya que «el maltrato que recibió la familia fue sistemático» y que a Cecilia, en el transcurso de la investigación, se la revictimizó al indagar en su vida privada y trazarle perfiles psiquiátricos, pretendiendo responsabilizarla por su trágico destino.

«Nunca se investigó a la persona que la alojó», concluye Marengo, refiriéndose a Mario Mainardi. «Se lo llamó diez meses después y como testigo. La idea de la Fiscalía fue ir contra Bustos, buscando pruebas que lo incriminen, pero el ADN no coincidió, no hay material genético que implique a la persona que va a ser juzgada.

El 2 de mayo, a las 14, arranca el juicio en los Tribunales de Cruz del Eje. Será un proceso con jurados populares. El nuevo fiscal es de Villa Dolores: Sergio Cuello.

El proceso será acompañado desde afuera del recinto con actividades culturales y de difusión.

El hecho conmovió a la provincia hace dos años y las expectativas son grandes para que el Poder Judicial se despoje de presiones, eluda el camino de la impunidad y resuelva de manera ejemplar la investigación para traer paz a la memoria de Cecilia Basaldúa.

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