En un comunicado en el que esgrime que «el Gobierno debe dar una respuesta», informa la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que le ha solicitado al Gobierno Provincial que «adelante los aumentos que les corresponde percibir a activos y jubilados con los haberes de noviembre del 2021 y enero del 2022 para el mes de octubre», en virtud del «descontrolado incremento de los precios de la canasta básica de alimentos».

Aseguran desde el gremio que «la situación económica de la docencia de Córdoba es delicada» y que se agrava más aún en los jubilados provinciales, «que sufren el diferimiento de dos meses de los aumentos que logramos los trabajadores en actividad». En referencia a ello, puntualmente, subrayan que han demandado a la Legislatura Provincial «la eliminación de dicho diferimiento, para que los incrementos salariales sean percibidos en el mismo momento en que lo cobren los docentes activos»; y que aún no han recibido respuesta positiva.

«El Gobernador no ha respondido a estas legítimas requisitorias de nuestro sindicato. El silencio ha sido su respuesta, desentendiéndose de la dramática situación que vivimos trabajadores y jubilados frente el irracional aumento de los precios de los productos de la canasta familiar», asesta la UEPC en el citado comunicado.

Cuestionan además que «mediáticamente el Gobernador sostiene que hay que ser valientes y abrir la economía», considerando tal posicionamiento como de una «irresponsabilidad manifiesta, producto de un dirigente que intenta posicionarse en un contexto electoral adverso a su proyecto provincial».

Analizan que estas aperturas que sugiere Juan Schiaretti «permite ingreso y egresos de capitales especulativos, así como la introducción masiva de productos extranjeros, con las consecuencias probadas, de pérdidas de puestos de trabajo, cierre de fábricas y comercios, descapitalización del Banco Central para pagar las importaciones para el consumo, y el quiebre de las económicas regionales».

Finalmente, le advierten al gobernador que «no tomar las decisiones que se deben tomar en tan dramático momento histórico, también constituye una decisión: la más desastrosa para los trabajadores y jubilados provinciales, a los cuales el Gobierno de Córdoba ha dejado a su suerte y a merced de los mercaderes de la miseria».

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