El miércoles 17 de noviembre, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó una modificación en el tramo entre Alta Gracia y la intersección de la Ruta S-495 que, según se explicó oficialmente, «supone disminuir el impacto ambiental de la traza diseñada por el Gobierno de la Provincia, principalmente en La Rancherita». La Asamblea Paravachasca, que cuestiona la obra de la Autovía Ruta 5, reiteró que «profundizará una enorme cantidad de problemáticas socio-ambientales existentes e históricas» en la región.
El legislador Raúl Latimori, respecto de esta «leve pero importante modificación de la traza» de la Autovía Ruta 5, expresó: “Habiendo escuchado a todos los sectores involucrados, mediante la audiencia pública realizada a tal fin, y surgiendo esta posibilidad de mejora en el impacto de la obra, principalmente en la localidad de La Rancherita, esta modificación de traza que estamos tratando ya cuenta con informe positivo de la Secretaría de Ambiente”.
Detalló que “los trabajos consisten en la construcción de un tramo nuevo entre la rotonda de la Ruta Provincial Nº 5, en el kilómetro 25,5, y la intersección de la Ruta S-495, pasando Villa La Serranita, con una extensión total de 27 kilómetros 500 metros”.
En contraste, la Asamblea Paravachasca esgrimió críticamente contra esta modificación: «Sigue atravesando zonas de alto valor de conservación de monte nativo». Asimismo, cuestionó que ningún organismo respondió a las presentaciones y pedidos de información que vecinas y vecinos presentaron «desde que se presentó el primer proyecto de expropiación en diciembre de 2020», tanto a municipios y comunas del Valle, como a la Secretaría de Ambiente, la Legislatura provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
«Nadie nos escuchó», sentenciaron desde la organización, completando que en la audiencia pública virtual, un 90 por ciento de las y los participantes, rechazaron esta obra «por considerar que Paravachasca tiene otras necesidades y prioridades: salud, agua potable, educación, tratamiento de residuos, sistema de cloacas, entre otras».
Finalmente, cuestionaron además que agrava el hecho «una enorme variación presupuestaria ya que el costo actualizado ascendería a los 6000 millones de pesos -el doble de lo presupuestado el año anterior- que por otra parte no incluiría el costo de las expropiaciones».
