Por séptimo año consecutivo hoy se realiza la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba, convocada por el «Colectivo Jóvenes por nuestros derechos» e impulsada por varias organizaciones sociales y de derechos humanos. En el plano local, durante octubre y lo que va de noviembre se han detenido a 70 personas en la comisaría de Alta Gracia por contravenciones al código de faltas. La mayoría de los detenidos son adolescentes.
“Nos viven parando, vamos por la calle sin hacer nada malo y para un CAP. Nos revisan, nos piden documentos, nos bardean. No hay que responderles. Nos piden los documentos y si estamos en el centro y ven que alguno es de Villa Oviedo, le dicen que se vuelva a barrio que no puede estar acá”. Lo que nos cuenta este joven de 17 años es moneda corriente en las calles de Alta Gracia y la provincia de Córdoba.
En la provincia de Córdoba rige desde 1994 el Código de Faltas, una ley que otorga a la policía el poder de detener a supuestos sospechosos de cometer una falta. También es utilizado como elemento de discriminación y estigmatización de los jóvenes, que son quienes más padecen las detenciones arbitrarias. Según datos oficiales, cada diez minutos, una persona es detenida por algún artículo del Código de Faltas.
Según un relevamiento de PAPEL TORTUGA, en el mes de octubre y lo que va de noviembre se han realizado en la ciudad de Alta Gracia unas 70 detenciones por contravenciones al Código de Faltas. La gran mayoría de los detenidos suelen ser chicos o adolescentes que son llevados a la comisaría local a raíz de algún llamado telefónico a la policía.
INCONSTITUCIONAL
Según la abogada Blanca Barreiro, quien ha militado en espacios de promoción de derechos humanos, el Código de Faltas es inconstitucional ya que le otorga a la policía el poder de juez y le da la potestad de condenar a un detenido. “El poder de juzgar está en el juez y acá se traspasó a otra autoridad que no tiene nada que ver con el poder judicial”, explica.
En ese sentido, la mayoría de las detenciones se dan en el marco de actos de discriminación y de abuso de autoridad por parte de la policía: “Al chico se lo llevan detenido, no de buenas maneras, post exhibirlo, se los golpea, se los encierra y el comisario determina la pena. El comisario acusa y condena. Es investigador, fiscal, juez…todo”. Y la Fiscalía no interviene en el proceso.
EN ALTA GRACIA
Cristina Espinoza, fue una de las formadoras del Colectivo por los Derechos que funcionó hace unos años en la ciudad. “El colectivo nace como un intento de dar una respuesta a una situación que era el acoso y el abuso al que eran sometidos los jóvenes de Alta Gracia por la policía”, recuerda. Desde ese momento, los vecinos del colectivo salieron a “caminar la calle” y se encontraron con la realidad que le contaban los chicos, que iban desde golpes y robos al punto de plantar pruebas a los detenidos.
Incluso Espinoza insiste en que existe un “cordón sanitario”, en el cual “los pibes saben dónde pueden ir y dónde no”. En ese marco, le preocupa la naturalización de estas cuestiones que se da en la sociedad: “Pensamos que le pasa a cierta clase social. Tenemos muestras de que le pasa más a ellos, pero nos pasa a todos”. Finalmente, concuerda con Barreiro en que el Código de Faltas es para someter a la gente, con desenlaces trágicos como son las muertes en las comisarías.
¿PREVENCIÓN?
Por su parte, desde la institución policial, se defiende la implementación de esta herramienta. El comisario de la departamental, Daniel Flores, analiza el Código como “positivo siempre y cuando sea bien utilizado”. En ese sentido, considera que el uso “está en el criterio y en la modalidad de entrega cada uno de los efectivos policiales que realiza la detención”. Flores lo califica como una herramienta de “prevención del delito”.
Barreiro, en cambio, lo ve como un instrumento represivo y de control. “Es un resabio de la dictadura”, sostiene la abogada. “¿Quiénes son ellos para tener la facultad de encerrar? Caes una vez, caes otra y pasás a ser un perseguido. ¿Cómo haces para probar un merodeo? Si es la subjetividad del comisario puesta en un acto que pone en sospecha a un chico”, se pregunta. “Si nos quieren hacer creer que con el Código de Faltas previene conductas lesivas, es una mentira atroz. Es una herramienta represiva mantenida en democracia”, asegura.
En ese sentido, Barreiro muestra que existe una doble sospecha que se genera con este tipo de detenciones: “Ese chico es sospechado por un uniformado y en segundo lugar, según las circunstancias, lo exponen a que sea sospechado por la sociedad, que lo mira y le tiene miedo y lo declara culpable y no sabe de qué”.
Allí se manifiesta la discriminación y estigmatización que sufren los jóvenes: “Lo exhibo para que todos sospechen de él, porque tiene gorra, porque tiene piercing, porque es pobre, porque es de Villa Oviedo, de barrio Sur o del asentamiento…”. En ese sentido, la falencia es que ni siquiera está incorporado en la sociedad el principio de inocencia, hasta que el poder judicial determine lo contrario.
Consultado sobre este tema, el asistente del fiscal Emilio Drazile, Alejandro Peralta Otonello sostiene: “El Código de Faltas depende mucho de la política criminal que quiera aplicar el Estado provincial en cuanto a políticas de seguridad”. En ese sentido, “el Estado planifica políticas criminales, el Código de Faltas es utilizado como una herramienta de instrumentación de esas políticas”.
MARCHANDO POR LA DEROGACIÓN
Cada vez más sectores de la población, sobre todo jóvenes, exigen la derogación del Código. Si bien también se habla de implementar una formación en derechos humanos en el interior de la institución policial, muchos sectores lo consideran un cambio a largo plazo. Por el momento, la resistencia organizada en redes y organizaciones sociales funciona como contrapeso al sostenimiento de esta ley. “No debemos corrernos de la derogación, más allá que en el mientras tanto vayamos haciendo otras cosas”, sostiene Barreiro.
Desde hace siete años, cada 20 de noviembre se realiza en la ciudad de Córdoba la Marcha de la Gorra, exigiendo la derogación del Código de Faltas. Todos los años se elabora una consigna con el objetivo de visibilizar la discriminación y abuso de autoridad de la Policía. En esta oportunidad, bajo el lema «Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita», la 7ma. Marcha se concertará en la intersección de las calles Colón y Cañada desde las 18 horas, movilizándose hacia el centro de la ciudad.
Foto: Facebook Fundación La Luciernaga.
