El martes 14 de marzo, el diputado Nacional del Frente de Todos de Córdoba Eduardo Fernández presentó oficialmente el proyecto de «Ley para la Sanción Penal de Negacionismo y/o Apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad». En el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación, acompañaron el acto jóvenes referentes de organizaciones de Derechos Humanos y de la democracia estudiantil.

En los fundamentos del proyecto, Eduardo Fernández alerta sobre el “ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público”.

En la previa, consultado por la Radio Tortuga 92.9, Fernández explicó que «este proyecto ya tuvo dos presentaciones y antecedentes de otros proyectos» y que «recoge la voz de organismos de Derechos Humanos y sectores ligados a la justicia para terminar con un articulado más preciso que tiende a penalizar el negacionismo, la apología y la reivindicación de los genocidios y los crímenes de lesa humanidad».

Analizó el diputado cordobés que «el negacionismo está relacionado con el avance de los discursos de derecha y es muy difícil separar el negacionismo de los crímenes de exterminio» y enfatizó que este proyecto de Ley «quiere producir el necesario debate para penalizar algo que ya está contemplado en nuestra Constitución, como en los acuerdos internacionales que hemos suscripto» y para lo que falta sólo la instrumentación.

Destacó también que se contempla como agravante si estas prácticas de negacionismo y apología son ejecutadas por un funcionario público, «que es lo que nos hemos encontrado en la Argentina en los últimos años»; a quien se le impondría la destitución inmediata.

«La libertad de expresión tiene un límite, que es cuando atenta contra el sistema democrático«, indicó Fernández.

En rigor, el proyecto de Ley “tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional”.

El proyecta estipula también la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quienes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.

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