Sobre la caída de la tarde de este lunes 14 de marzo, llegó una segunda orden de desalojo al acampe que resiste las obras de la autovía ruta 5, a la vera de esta traza, a la altura del kilómetro 46. La disposición, firmada por el fiscal Diego Fernández, le da tiempo a los manifestantes hasta el mediodía del martes para desarmar el reclamo.
Horas antes había arribado, de la mano de la jueza de Paz, Vilma Rocchietti, una primera orden de desalojo que quedó en suspenso temporalmente cuando los manifestantes hicieron saber que desde el sábado estaba presentada una copia del Amparo Ambiental Colectivo que fue presentado en agosto de 2021 en la Cámara Contencioso Administrativa, solicitando la suspensión de las obras de la autovía que se extendería entre Alta Gracia y Villas Ciudad de América, denunciando irregularidades e ilegalidades.
En defensa del Ambiente
Alejandra Perisset, una de las asambleístas que participa del acampe que inició el sábado, defendió el reclamo como «una acción precautoria para defender un bien mayor, que no tiene que ver con la propiedad privada sino con el cuidado y protección del medio ambiente como establece la Constitución Nacional en su artículo 41«.
Refiriéndose a los movimientos de tierra que hasta el sábado mismo había efectuado la empresa Paolini Hermanos, contratada por Caminos de las Sierras para esta obra, manifestó con indignación Alejandra Perisset: «Ya hay un kilómetro de desmonte en esta zona de alto valor de conservación, que se realizó en condiciones de absoluta ilegalidad».
Este lunes también presentaron las vecinas y vecinos un hábeas corpus, frente a la intimidante presencia policial.
Camila Liberal, también integrante de la Asamblea Paravachasca, por su parte, adelantó que presentarán una oposición en Tribunales, considerando que «es una orden que desconoce los hechos de fondo que llevan a nuestra presencia acá como defensores ambientales«; y que apelarán, recurriendo a todas las instancias judiciales posibles, convencidos de la importancia de defender los bienes ambientales.
Carta abierta
Minutos antes de recibir la segunda orden de desalojo del acampe, la Asamblea, junto a otras «organizaciones y defensores ambientales en resistencia frente al avance contra el ambiente en el Valle de Paravachasca», emitió una carta abierta en la que demandan a los vocales de la Cámara Contencioso Administrativa, Leonardo Massimino, Angel Gutiez y Gabriela Cáceres; al fiscal Diego Fernández; y a la jueza de Paz Vilma Rocchietti lo siguiente:
- Que GARANTICEN el DERECHO AL AMBIENTE como DERECHO HUMANO de rango constitucional
- Que GARANTICEN la integridad del ambiente y la evitación de daños irreversibles que agravan la situación ya precaria del afectado monte nativo cordobés, su flora, fauna y biodiversidad
- Que GARANTICEN los derechos de acceso a la justicia en forma efectiva, lo que implica asegurando la integridad del ambiente con el dictado de medidas cautelares adecuadas ordenadas a tiempo, bajo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin exigencias de prueba imposible o rigorismo formal que no pueden estar jamás por encima de la protección de derechos humanos en asuntos ambientales, desconociendo los hechos evidentes
- Que GARANTICEN un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que nos encontramos defendiendo los derechos humanos en asuntos ambientales, podamos actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad, PROTEGIENDO nuestro derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico, en particular el art. 9 del ACUERDO DE ESCAZÚ incorporado por Ley nacional 27.566
A continuación se reproduce completo el comunicado emitido por la Asamblea Paravachasca en la tarde del lunes:
