Tomando como punto de partida el resonado accionar represivo policial en contra del cantante de rock, «Chano» Moreno Charpentier, Eugenia Decca, coordinadora del Área Comunitaria e integrante del Módulo de Mujeres y Disidencias y el equipo de talleres del Programa del Sol, conversó con el programa «Tarde para Tirar la Toalla» de la Radio Tortuga 92.9 sobre la manera en que el Estado aborda las problemáticas vinculadas a la salud mental y al consumo problemático de sustancias.
Una semana atrás, la noticia de la internación del ex cantante de la banda «Tan Biónica», «Chano» Moreno Charpentier, tras una violenta intervención policial en su domicilio; se amplificó en los titulares de los noticieros de mayor repercusión del país, irradiando al resto del mapa de medios. Mesas de debate se abocaron a confusos entreveros en los que sobresalían espectacularizadas reacciones sobre las adicciones, los brotes psicóticos y el accionar de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, considerando la experiencia del trabajo territorial del Programa del Sol en el abordaje del consumo problemático de sustancias en la Provincia de Córdoba, se convocó a Eugenia Decca para complejizar la discusión.
RADIO TORTUGA (RT): ¿Qué lectura hacen de lo que se sabe que ocurrió con “Chano” Moreno Charpentier?
EUGENIA DECCA (ED): Lo que pasó con “Chano” no es una cuestión aislada, son modos de actuación de las fuerzas policiales que están naturalizados como la única forma posible. En el mismo mes de julio hubo dos situaciones similares. Una en Salta, con un joven tucumano que en medio de un brote vinculado con la salud mental termina muerto en manos de la policía. Otra similar en Entre Ríos, con una mujer trans, Victoria Núñez. La familia llama a la policía y en el marco de esa situación, termina muerta también en manos de la policía. La diferencia es que “Chano” es famoso, entonces estas situaciones se hacen públicas. Pero no es una práctica alejada de las fuerzas de seguridad. Acá está en juego es qué es lo que entendemos por salud mental y qué es lo que entendemos por seguridad. Si pensamos que es un problema de salud, de ninguna manera la respuesta debe ser desde las fuerzas de seguridad. Frente a un problema de salud, la respuesta tiene que ser desde el sistema de salud. Ésa es una de las primeras lecturas que hacemos respecto al tema. La mirada hegemónica respecto a la salud mental y al consumo problemático de sustancias tiene que ver con una idea de peligrosidad. Las personas que padecen algún problema mental o consumos problemáticos son vistos como peligrosas, entonces terminan criminalizadas. Desde esa mirada, la única respuesta posible es la represión y el encierro.
RT: ¿Cómo debe el Estado abordar estas situaciones, según lo que dispone la Ley de Salud Mental?
ED: La Ley de Salud Mental en su letra es muy clara; el tema es que no hay recursos suficientes para su implementación efectiva. Existen protocolos, tanto a nivel nacional como provincial, acerca de cómo deberían actuar las fuerzas de seguridad frente a situaciones de lo que se llaman brotes vinculados a la salud mental. En esos protocolos dirigidos a la Policía Federal, a la Aeroportuaria, a la Gendarmería, se explican algunos conceptos básicos que tienen que ver con qué entendemos por salud mental, padecimientos subjetivos, situaciones vinculadas con el consumo; qué es una crisis, una urgencia, riesgos ciertos o inminentes. El hecho de que “Chano” haya tenido un arma blanca no es una excusa para dispararle. Según lo que dicen las personas que estaban con él, no estaba atacando a quien le disparó. Incluso si hubiera alguna intención de ataque, hay que entender que es una persona que está en medio de un brote o en una situación de crisis en salud mental, donde la violencia debe ser lo último que se aplique. No la única. En ese momento había un equipo de médicos que había llamado la familia.
RT: ¿Qué demandaría del Estado la Ley de Salud Mental? ¿Qué debería poner en marcha en cuestión de infraestructura y recursos para que se pudiera materializar?
ED: Sobre todo que pudieran existir dispositivos de salud vinculados con la salud mental, a nivel territorial y a nivel comunitario. Si bien los hospitales tienen equipos de salud mental, sabemos que las áreas programáticas son enormes y con un equipo de salud mental con cuatro o cinco profesionales no hay forma de abordar las problemáticas. Hay equipos, se cumple con la reglamentación, pero ese equipo ¿puede dar respuesta a toda la problemática de salud mental de ese espacio geográfico? Incluso se han desfinanciado dispositivos de salud mental como las casas de medio camino, organizaciones que trabajan desde el arte y la cultura con usuarios de salud mental. Si entendemos que la atención no tiene que estar centrada en un neuropsiquiátrico, tenemos que pensar en dispositivos que puedan acompañar afuera a esas personas que tienen algún padecimiento subjetivo.
RT: ¿Por qué no se destina el presupuesto para esto?
ED: Sigue habiendo una mirada hegemónica de la salud centrada en lo físico, donde somos sólo un cuerpo. La inversión está puesta más en la salud física y la salud mental queda por fuera de la inversión del Estado. Sigue habiendo un discurso hegemónico de la salud mental que no tiene que ver con lo comunitario, sino con la peligrosidad y el encierro. La Ley está buenísima, pero no hace que los discursos dominantes o hegemónicos hayan cambiado a nivel de la salud mental y la sociedad. Hay que hacer un trabajo de prevención y promoción, vinculado a romper con esos prejuicios y esos estereotipos históricos que estigmatizan y alejan del sistema de salud.
RT: ¿Por dónde se puede trabajar esa mirada social para influir en el Estado con la Ley en la mano y empezar a dar estas transformaciones necesarias?
ED: Una de las cosas importantes es pensar cómo se trata en los medios. Las cosas que han circulado en medios de comunicación en estos días son terribles. Falta formar a quienes están allí, falta trabajar estos protocolos con quienes trabajan en seguridad, falta trabajar en los colegios. Deconstruir discursos que están tan arraigados en la sociedad no es algo que pasa de un momento para otro.
Decca destacó además que el marco legal argentino tiene a la cuestionada Ley de Estupefacientes (23737), de perfil punitivo, en contradicción con la Ley de Salud Mental (26657). E incluso en conflicto con otras leyes, como la de Derechos del Paciente (26529) y la de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26061). “Hay un marco jurídico más nuevo que, desde un paradigma de derechos, entra en contradicción con la Ley 23737 en la que todo accionar vinculado con estupefacientes está penalizado”, apunta Decca, que subraya además que “no tenemos en la Argentina modificaciones en la Ley que habiliten el uso y la tenencia”.
Si bien reconoce que existe el llamado “Fallo Arriola”, que se asienta en la Constitución (Artículo 19) al referirse a los derechos individuales que no afecten a terceros y que sostiene que los usuarios no pueden ser juzgados por sus acciones individuales; el destino del usuario de sustancias “depende de en qué juzgado caigas, quién te detenga y cuál sea tu cara”. Y concluye: “La respuesta judicial es iniciarte una causa, aunque seas consumidor”.
RT: ¿Cómo se pueden desmontar los prejuicios, cuando la mirada que se impone es la que reconoce al usuario como un eslabón necesario del narcotráfico?
ED: La estrategia tiene que arrancar desde la prevención y la promoción de la salud, porque si no seguimos poniendo recursos cuando el problema ya está instalado y hay un consumo problemático que hay que atender. Además, es mucho más caro. Invertir en promoción de salud es más barato que sostener el tratamiento de un montón de personas que terminan teniendo consumos problemáticos. El tema es cómo destrabar el tabú que implica hablar de drogas. Porque hay una creencia de que si vos hablás de drogas, estás incitando al consumo. Y si hablás de reducción de riesgos y daños, estás incentivando el consumo. Y no tiene que ver con eso, sino con poder problematizar las miradas que hay en relación de los usuarios y la naturalización sobre ciertos consumos. Es una cuestión de prevención y promoción de salud, de poder hablar en diferentes espacios de salud, educación, comunitarios, deportivos.
Incluso sugiere Decca que podría ayudar con este objetivo, que existiesen en las escuelas, equipos “amigables” que permitiesen a las y los jóvenes acudir a conversar con confianza, cuando se encuentren con algún problema de consumo personal o dentro de sus ámbitos familiares o sociales; “sin miedo a ser juzgados, al prejuicio, a que les expulsen del sistema educativo”.
RT: ¿Qué viene pasando con el consumo problemático de sustancias durante la pandemia?
ED: Han aumentado los niveles de consumo y ha disminuido la calidad de las sustancias que se consumen. Pero no es sólo que el consumo ha aumentado, sino que muchas de las situaciones particulares de vida de las personas que tienen problemas con el consumo de sustancia, se ha venido abajo. Esto está relacionado con los ingresos económicos, con la posibilidad de trabajar, con la falta de vínculos y acompañamiento. Eso ha incidido en el aumento del consumo. Cuando llegan a tratamientos, las personas lo hacen en condiciones de salud más críticas. Sobre todo, aquellas personas que sufren alguna situación de vulnerabilidad económica y social.
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