A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes 26 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad y otros colectivos. Advierten desde el Foro Permanente de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad que esta medida genera preocupación en un colectivo que sufre también el atraso arancelario, el recorte de políticas públicas y un permanente hostigamiento.
El régimen alcanzaba a los servicios de transporte interjurisdiccional de larga distancia e incluye los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Explica el Foro que la decisión del gobierno de Javier Milei deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, que establecían mecanismos de compensación parcial del Estado para cubrir los boletos gratuitos que las compañías debían garantizar por ley.
Si bien el texto oficial aclara que la decisión «no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad», que continúa «plenamente vigente y exigible»; a partir de lo dispuesto por la gestión «libertaria», las empresas deberán continuar otorgando pasajes gratuitos, aunque ya no recibirán compensaciones económicas del Estado por dichos servicios.
En virtud de ello, el Gobierno encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) garantizar el cumplimiento efectivo de la emisión de pasajes gratuitos por parte de las empresas alcanzadas.
La normativa también fundamenta la decisión en el nuevo esquema desregulatorio impulsado tras el Decreto 883/2024, que habilita a las empresas transportistas a determinar libremente recorridos, horarios, precios y modalidades de los servicios.
El Foro Permanente de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad manifestó su preocupación ante esta nueva medida que, «en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para el acceso efectivo al derecho al transporte de las personas con discapacidad».
Y remarca: «La eliminación de estas compensaciones económicas genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos y se suma a otras decisiones que vienen afectando al colectivo, como el atraso arancelario, el recorte de políticas públicas y el permanente hostigamiento hacia las personas con discapacidad y las instituciones del sector».
