Nucleados en el Frente de Gremios Estatales Aportantes a la Caja de Jubilaciones emitieron un comunicado a través del cual destacaron la «importancia central» que tiene el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en el caso individual de un jubilado dispuso morigerar la alícuota adicional prevista para trabajadoras y trabajadores activos en la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria. «El fallo constituye un mensaje claro para el Poder Ejecutivo Provincial», aseguraron y subrayaron que la reforma previsional impulsada por la gestión de Martín Llaryora «no es otra cosa que un ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores activos y sobre los ingresos de jubiladas y jubilados».
Aseguran los gremios que con la mencionada resolución del TSJ, la Justicia comienza a reconocer la razonabilidad de los planteos que vienen sosteniendo, respecto de que la Ley 11.087 implicaba una reducción salarial encubierta y que la disminución del salario impacta directamente sobre la base de cálculo de los haberes previsionales, «afectando derechos constitucionales y previsionales básicos».
«Fueron las movilizaciones, las acciones de protesta, las carpas, las medidas gremiales y la permanente presencia en la agenda pública las que permitieron visibilizar la injusticia y la ilegalidad de una norma impuesta sin diálogo y a costa de los trabajadores y trabajadoras«, enfatizan desde el Frente.
Asimismo, consideran «fundamental» la estrategia jurídica impulsada por las organizaciones sindicales junto a los equipos de abogados y abogadas previsionalistas, quienes mantuvieron viva la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Equidad Jubilatoria.
Respecto al fallo del TSJ, los gremios afirman que queda en evidencia que «existen alternativas distintas al ajuste sobre trabajadores activos y pasivos para atender la situación financiera de la Caja«.
Asimismo, el documento también ratifica que los gremios seguirán exigiendo al Gobierno Nacional de Javier Milei el «cumplimiento integral de las obligaciones de financiamiento previsional y la remisión efectiva de los fondos que corresponden a la Provincia de Córdoba» y del mismo modo exigirán al Poder Ejecutivo Provincial que «termine con el ajuste que implica la Ley 11087 y avance en la devolución integral de los aportes extraordinarios impuestos a trabajadores activos y pasivos, no sólo en los términos sugeridos por el TSJ sino en la totalidad del perjuicio ocasionado».
Finalmente, indicaron que «una parte sustancial de los problemas financieros de nuestra Caja tiene origen en políticas de precarización laboral que desfinancian el sistema previsional mediante mecanismos salariales no remunerativos, pagos en negro y formas de contratación que reducen los aportes y contribuciones que deberían ingresar al régimen».
Fuente: La Nueva Mañana
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