En concepto de anticipo financiero de coparticipación, acreencias del Consenso Fiscal y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno de la Provincia de Córdoba recibió en agosto 420 mil millones de pesos de la administración nacional, a partir de un acuerdo entre el gobernador Martín Llaryora y la gestión de Javier Milei. En ese marco, gremios estatales, representantes de aportantes y beneficiarios del sistema previsional provincial, reclamaron que se ejecuten las medidas oportunamente prometidas por la gestión de Llaryora, con el fin de «atenuar los efectos del profundo ajuste» aplicado sobre los haberes de activos y pasivos provinciales, mediante la Ley 11.087, de «Equidad Jubilatoria».
El comunicado suscripto por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), SELC (Legislativos), ACEC (Casinos), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Sirelyf) y UPS, demanda puntualmente «elevar el piso del diferimiento que hoy afecta a los haberes superiores a $ 1.650.000» y «elevar el piso establecido en el art. 58 que afecta a quienes perciben más de un beneficio, lo que a menudo confisca el monto total de uno de ellos».
A su vez, al cumplirse 60 días del fallo del Tribunal Superior de Justicia, reclaman que el Poder Ejecutivo cumpla de manera efectiva los criterios allí establecidos: reducción de la alícuota contemplada en la Ley 11087 del 8% al 6% y disminución progresiva de los aportes extraordinarios contemplados en la Ley.
«Los gremios estatales continuamos acompañando el reclamo del Gobierno de Córdoba por los fondos adeudados al Anses, pero no podemos dejar de señalar que la Provincia no cumple con los fallos judiciales ni con los compromisos que públicamente asume ante la representación de las y los trabajadores. Seguiremos utilizando todas las herramientas gremiales, políticas y judiciales hasta lograr la derogación de la Ley 11087 y la vigencia de un Sistema Previsional Provincial justo», expresan al respecto.
Asimismo, exigen respuestas para resolver el sobreendeudamiento de las familias cordobesas. «En la actualidad, según datos que se desprenden del último informe sobre el endeudamiento en los hogares argentinos, el 92,3% registra algún tipo de deudas. Asimismo, el 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas, duplicando el 18% registrado en 2024. Esto revela que la deuda familiar es un problema estructural», alertan.
En virtud de ello, reiteran la solicitud al Gobierno de Córdoba para que de manera inmediata implemente medidas que frenen la agresiva política de recupero de deudas que afecta a miles de trabajadores públicos y que alivien los descuentos financieros de las y los trabajadores.
Asimismo, insisten finalmente en la necesidad de concretar una audiencia con el Gobernador para exigir la suspensión inmediata de estos descuentos abusivos e instar al Poder Ejecutivo a que impulse un proyecto en el Congreso de la Nación para resguardar el sustento básico de las y los trabajadores.
Foto: gentileza UEPC
