La iniciativa, que fue enviada a la Legislatura de la Provincia por el gobernador Martín Llaryora, permitirá refinanciar préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras deudas vinculadas a gastos ordinarios y necesidades básicas del hogar. El programa contempla la participación voluntaria de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán instrumentar líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas.
Las entidades que adhieran deberán ofrecer una tasa nominal anual fija de hasta el 35%, con plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.
Podrán acceder personas con al menos dos años de domicilio en Córdoba y que estuvieran clasificadas en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central al 31 de julio de 2026.
Para promover la participación del sistema financiero, la Provincia estableció una alícuota del 0% de Ingresos Brutos sobre los intereses generados por las operaciones comprendidas en el programa.
Con la sanción de la ley, la Provincia avanza ahora en la implementación de esta herramienta, orientada a reducir el costo financiero que afrontan los hogares, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer una recuperación progresiva de su capacidad económica.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial es el establecimiento de condiciones específicas para las operaciones que se realicen dentro del programa.
Los bancos y emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de deudas con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.
De esta manera, se busca ofrecer una alternativa para quienes actualmente tienen dificultades para sostener el pago regular de sus compromisos y necesitan ordenar sus obligaciones bajo condiciones financieras más favorables.
Quedan excluidas de la propuesta las financiaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como las deudas contraídas para cancelar o refinanciar obligaciones originadas en esos conceptos.
