La Asociación que nuclea a personas que alquilan en la Provincia de Córdoba emitió un comunicado celebrando la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de desalojos hasta enero del año que viene.
Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga en materia de congelamiento de precios de alquileres y suspensión de desalojos por parte del Gobierno Nacional, la Asociación «Inquilinos Córdoba» manifestó su beneplácito con la medida que protege sus derechos y que se encontrará vigente hasta enero del año 2021 inclusive.
Desde la Asociación afirmaron que la pandemia de Covid-19 implicó una reducción de ingresos de casi el 50 por ciento de lxs inquilinxs, lo que «hacía imposible poder afrontar obligaciones de distintos contratos de alquiler, lo cual derivaría en una ola de desalojos en el marco de una situación sanitaria que está en sus niveles críticos.»
Inquilinos Córdoba aseguró que han recibido testimonios de personas a las que «se las instaba a renovar con aumentos superiores al 30% o se les proponía practicas extorsivas tratando de obligarlas a firmar en los términos de la antigua ley e incluso antedatar contratos.»
En este contexto, desde la Asociación manifestaron «la necesidad de que exista un órgano de aplicación estatal que tenga un poder de policía para que aplique sanciones a aquellas inmobiliarias que no cumplen con las leyes».
A continuación, el comunicado completo:
Desde la Asociación Inquilinos Córdoba celebramos la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar hasta enero del año 2021 inclusive, el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Comunicado oficial de «Inquilinos Córdoba»
La importante reducción en los ingresos de casi el 50% de los inquilinos e inquilinas hacía imposible poder afrontar obligaciones de distintos contratos de alquiler, lo cual derivaría en una ola de desalojos en el marco de una situación sanitaria que está en sus niveles críticos.
En el mismo sentido, recibimos testimonios de personal a quienes se las instaba a renovar con aumentos superiores al 30% o se les proponía practicas extorsivas tratando de obligarlas a firmar en los términos de la antigua ley e incluso antedatar contratos.
Asimismo, seguimos insistiendo y trabajando con el Gobierno Nacional en el desendeudamiento de inquilinos e inquilinas, como así también la necesidad de que exista un órgano de aplicación estatal que tenga un poder de policía para que aplique sanciones a aquellas inmobiliarias que no cumplen con las leyes.
Maximiliano Vittar, Presidente de Inquilinos Córdoba, manifestó: “Esta situación única ha puesto de manifiesto una vez más que la realidad cotidiana de las familias inquilinas requiere la regulación y el acompañamiento del Estado. Es una realidad insoslayable que el mercado inmobiliario no se hizo, se hace ni se hará cargo de asegurar el acceso a alquilar en condiciones justas y mucho menos de sostener los alquileres y preservar a las familias inquilinas en condiciones críticas y extremas. Es por este motivo, que desde nuestra asociación reiteramos nuestro beneplácito por la decisión política del Gobierno Nacional donde reafirma que la vivienda es un derecho, no un bien de mercado, en este momento crítico y descomprime la presión social y conflicto que estaba generando sobre las familias inquilinas que tenían que elegir entre comer o tener un techo donde vivir.
FOTO ILUSTRATIVA: Archivo DiarioTortuga.com
