La Legislatura de la Provincia aprobó un proyecto de Ley que dispone la unificación del régimen sancionatorio en materia hídrica, ambiental y de derechos naturales; y modifica las funciones de la Policía Ambiental, creando un órgano específico que se encargará de juzgar y sancionar este tipo de delitos. Se introduce además una unidad fija de multa, que se mediría en litros de combustible.
La flamante norma, entre otros puntos, permitirá además sancionar a aquellos infractores que no cumplan con la remediación ambiental tras el daño ocasionado e instaura el Registro de Infractores Ambientales para identificar a quienes no cumplen con sus obligaciones.
“No se busca el castigo, sino promover un cambio de conducta de la ciudadanía, las sanciones tienen el objetivo de generar conciencia ambiental, de proteger nuestros recursos y de remediar el daño ambiental generado”, explicó la voz informante del proyecto, la legisladora María Victoria Busso.
Por otra parte, para separar el rol de fiscalización y control del juzgador, la nueva norma establece la creación del Tribunal Administrativo Ambiental, que será el órgano encargado de definir las infracciones y aplicar las sanciones. De esta manera, libera de tal función a la Policía Ambiental, para que ésta se aboque exclusivamente a su función de fiscalización y control.
“Buscamos reducir los tiempos de la resolución de las causas, eliminando el cuello de botella que se generaba y permitiendo que el Estado actúe con mayor eficiencia frente a estas infracciones. Esta ley significa un avance técnico, jurídico y operativo en materia de gestión ambiental, e innovador en el plano regional”, concluyó Busso.
