Maximiliano Caminada, secretario de Comercio, Industria y Modernización del Estado de la Municipalidad de Alta Gracia, pasó por Radio Tortuga 92.9 para hablar sobre el avance de Uber en la ciudad y los debates que se están dando en torno a su regulación.
La semana pasada se realizó una convocatoria a una mesa de trabajo que reunió a distintos actores involucrados en el tema. «Más allá de que con los taxistas y los dueños de agencias de remises venimos reuniéndonos desde hace un tiempo para revisar la normativa vigente —que data de 2010—, la intención ahora fue también empezar a tratar esta nueva realidad de las plataformas digitales de transporte, que no tienen ningún tipo de normativa en la ciudad», explicó Caminada.
El debate sobre la regulación de Uber cobró impulso a nivel provincial luego de un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. Dicho fallo, fijó las condiciones que Uber debe acreditar para funcionar en la provincia, reconociendo su legitimidad y pidiendo a la Municipalidad de Córdoba que en un breve plazo establezca un marco regulatorio.
En este contexto, Caminada se trasladó al Concejo Deliberante de Córdoba para interiorizarse en cómo se está abordando el tema en la capital, donde actualmente funciona una mesa de negociación que incluye tanto a los dueños de taxis como a los gremios de choferes de taxis y remises.
En Alta Gracia, la mesa de trabajo realizada contó con la participación de concejales de todos los bloques, dueños de agencias de remises, representantes de taxistas y choferes, el viceintendente, y el Dr. Martín Cortez, juez del Tribunal de Faltas. Allí se expusieron distintas posturas: mientras algunos sectores impulsan la necesidad de regular, otros rechazan el reconocimiento de Uber, evidenciando posiciones encontradas.
«Manifesté que nos estaban faltando dos patas no menos importantes: la presencia de choferes de aplicaciones, que buscan ser reconocidos y están dispuestos a cumplir requisitos, y la voz de los usuarios, quienes demandan un servicio de mejor calidad, con vehículos que respeten horarios y estén en buen estado», agregó Caminada.
Respecto a la posibilidad de regular Uber, Caminada detalló algunos aspectos que podrían ser implementados a nivel local, como exigir certificado de buena conducta a los choferes, seguros específicos con coberturas más amplias, establecer años máximos de antigüedad de los vehículos, y la obligación de contar con carnet profesional. «Hemos encontrado autos de Uber en controles que no estaban en buenas condiciones», advirtió.
Sin embargo, uno de los principales desafíos es la cuestión tarifaria. «A los servicios públicos les fijamos una tarifa; Uber maneja precios libres. El municipio no tiene potestad para fijar el precio de su servicio, y esa es una diferencia sustancial entre un transporte público y uno privado», explicó Caminada. Además, advirtió que la competencia desregulada podría afectar la calidad del servicio y perjudicar a los trabajadores tradicionales del sector.
Finalmente, el secretario llamó a la prudencia: «No debemos apurarnos. Esta ordenanza debe ser acorde a lo que es Alta Gracia. Nos merecemos tomarnos el tiempo necesario para construir una normativa que ampare a los vecinos, garantice calidad en el servicio y proteja el trabajo de quienes llevan años en el sector». Según adelantó, los primeros días de la próxima semana volverán a convocarse en la mesa de trabajo para seguir avanzando en este proceso.
