A través de la Instrucción General 02/25, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de Córdoba dispuso nuevas medidas para garantizar el acceso rápido y efectivo a la reparación económica prevista por la Ley Nacional 27.452, conocida como Ley Brisa, en casos de violencia intrafamiliar o de género con resultado letal.
Esta normativa, impartida por la fiscal General Adjunta Bettina Croppi, instruye a las y los fiscales de instrucción de toda la provincia a concluir con celeridad las investigaciones penales en las que, producto de hechos de violencia, haya fallecido uno de los progenitores.
En particular, se hace foco en situaciones donde el autor del hecho también ha fallecido y sea procedente el archivo ante la imposibilidad de continuar la acción penal. “Esta resolución es fundamental para habilitar la vía administrativa ante los organismos encargados de gestionar el beneficio económico mensual para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad”, destacaron oficialmente.
Según lo establece la “Ley Brisa”, el objetivo de esta reparación es brindar un sostén a quienes han quedado en una situación de vulnerabilidad extrema, tras perder a sus referentes afectivos y económicos como consecuencia de hechos de violencia. Para facilitar ese acceso, se incorporaron modelos de resolución y notificación adaptados al lenguaje claro y accesible, que deberán ser utilizados por todas las fiscalías en estos casos.
Además, se encargó al Instituto de Formación del MPF el desarrollo de capacitaciones específicas para fortalecer el abordaje adecuado de este tipo de causas.
Explicaron oficialmente que “esta medida se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 del MPF, que promueve una política criminal con enfoque de derechos humanos, orientación a las víctimas y perspectiva de género” y también “da continuidad a las acciones iniciadas con la creación de la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual en el Polo de la Mujer, y refuerza el compromiso institucional con la protección de las víctimas directas e indirectas de violencias extremas”.
“Contar con un procedimiento ágil y estandarizado no solo optimiza la gestión institucional, sino que contribuye directamente a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señala la Instrucción firmada por Bettina Croppi.
