Frente a la amenaza de veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada días atrás en el Congreso y próxima a su promulgación, colectivos de personas con discapacidad y sus familias, profesionales, prestadores, transportistas e instituciones se pronuncian para demandar a la comunidad cordobesa un acompañamiento en la defensa de esta herramienta legal y a los diputados y senadores, el compromiso de resistir el veto presidencial de Javier Milei.
En diversas publicaciones en redes exigen “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal” y explican con claridad que lo previsto en la Ley de Emergencia en Discapacidad no genera un gasto oneroso para las arcas públicas, ya que representa solo el 0,01% del producto bruto interno (PBI).
Detallan que los tratamientos para personas con discapacidad se financia mayoritariamente (70%) con fondos que no provienen del Estado: a través del Fondo Solidario (aportes de los trabajadores), el PAMI (aportes de jubilados) e Incluir Salud (único 100% estatal).
Asimismo, indican que con la Ley aún sin promulgar, hay prestadores que no están pudiendo cobrar, más de 450.000 pensiones suspendidas, personas con discapacidad sin tratamientos y aranceles profesionales congelados desde 2024. “Que los apoyos no sean un privilegio, que sigan siendo un derecho”, concluye el mensaje.
“No se trata de números, se trata de nuestro derecho a vivir con dignidad”, expresan en otra publicación, en la que exigen el cese de la “crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.
Paralelamente, Giana, una persona con discapacidad y militante de los derechos del sector, subrayó en un video que «el problema es la falta de acceso a los derechos y el ajuste», y destacó que la Ley de Emergencia en Discapacidad “exige que se cumplan los derechos que ya están reconocidos».
Y en otro video, Lucrecia, una licenciada en Psicopedagogía y prestadora de servicios en discapacidad, subrayó que el reclamo que sostiene el colectivo es por una inversión que garantice que una persona con discapacidad pueda acceder al transporte, a un atención generalizada y a una terapia acorde a sus necesidades; que no se le suspenda su pensión; y que se pueda sostener el trabajo de los profesionales.
Giana desnuda el cinismo detrás del ataque a la Ley, al afirmar: “Decir que defender nuestros derechos afecta la economía es una forma elegante de justificar el abandono».
