Instituciones prestadoras de servicios en discapacidad de la provincia de Córdoba emitieron este miércoles 27 de agosto un comunicado, a través del cual denunciaron la situación crítica e inminente que impacta al sector, a partir de la suspensión de los pagos de “Incluir Salud”, derivada de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad que devinon de la difusión de audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en el Gobierno Nacional.
“La situación es de extrema gravedad, ya que pone en riesgo inmediato la atención sanitaria de personas con discapacidad en nuestra provincia y en todo el país”, denuncian las instituciones en el comunicado en el que exigen el “pago urgente de los meses de mayo y junio de 2025”, ya que, subrayan, “esta demora amenaza la continuidad de servicios esenciales que garantizan la inclusión y el derecho a la salud”.
Explica el comunicado que “desde la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —desencadenada por la denuncia pública basada en audios de Diego Spagnuolo— los pagos a los prestadores están totalmente paralizados” y alude que entre los señalados en la investigación judicial derivada de estas revelaciones se encuentra, precisamente, Daniel María Garbellini, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y coordinaba el Programa Incluir Salud.
Ante esta crisis, el Gobierno designó como interventor de la ANDIS a Alejandro Vilches, médico y exsecretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, con mandato para reorganizar el organismo. “Entendemos que las investigaciones y los procesos administrativos deben avanzar, pero las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”, destacan las instituciones y recuerdan lo que vienen denunciando hace largos meses: “Los aranceles actuales ya resultan insuficientes y la falta total de pagos nos coloca en una situación financiera insostenible”.
En ese marco, expresan enfáticamente que cada día sin respuesta oficial impacta directamene, ya que las instituciones se ven imposibilitadas de cumplir con sus compromisos asumidos, los equipos profesionales quedan desprotegidos, las familias quedan sin respaldo y las personas con discapacidad ven vulnerado su derecho más básico, al imposibilitársele el acceso a tratamientos, medicamentos y atención continua.
Concluye el documento con una exigencia clara para que con carácter de urgencia “ANDIS y el Estado Nacional restablezcan de inmediato la cadena de pagos, sin condicionamientos administrativos”, subrayando que “las investigaciones judiciales deben proseguir, pero no pueden traducirse en la desfinanciación total de un sistema prestacional que, como hemos advertido desde hace más de un año, atraviesa una crisis sin precedentes”.
