A través del Decreto 681/2025, publicado este lunes 22 de septiembre en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada Diputados y el Senado. Sin embargo, suspendió su puesta en práctica hasta que el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”. Frente a esta decisión, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su “profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a la sociedad”.
La norma en cuestión, aprobada y ratificada por ambas cámaras del Congreso y redactada y sostenida por un amplio colectivo de personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas e instituciones, declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026.
“Instamos a que se revierta esta situación de inmediato. Seguimos manifestando nuestra preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día”, subrayaron desde el Foro.
Por su parte, el diputado Daniel Arroyo, uno de los redactores de la Ley, afirmó que con esta decisión “el Gobierno está pasando un límite que no corresponde”, apuntó categórico que “la ley no es un consejo, es una obligación y en este caso no la está cumpliendo el Ejecutivo” y agregó que “es grave lo que está pasando”.
