El Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades académicas de todas las universidades públicas del país, emitió un comunicado a través del cual reclama al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y la ejecución de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. «Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave», expresaron.
Al igual que lo hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que mantiene suspendida pese a haber sido aprobada y ratificada por el Congreso; y también a lo que ocurre con la Emergencia en Pediatría, cuya promulgación tampoco se concreta; la comunidad universitaria exige que el Gobierno cumpla con la obligación que tiene de activar la norma aprobada, vinculada al financiamiento de las casas de altos estudios.
«La ley sancionada por el Congreso ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes», precisa el documento.
Subrayan desde el CIN que «la Ley de Financiamiento Universitario es la síntesis del trabajo responsable del sistema universitario argentino, una propuesta elaborada con el aporte de todas las representaciones de la vida académica, que luego fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial» y sentencian que «no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada».
Asimismo, revelan los rectores que se han agotado todos los carriles institucionales para pronunciar esta demanda: «Acudimos dos veces al Congreso por su competencia en materia presupuestaria y la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo. Por eso, solicitamos ahora al Poder Ejecutivo Nacional que, en cumplimiento de su responsabilidad y de los plazos legales establecidos, promulgue y ejecute este instrumento que garantiza la reparación tan necesaria».
Finalmente, se ponen a disposición para trabajar en el proyecto de presupuesto 2026 que confían en que contenga como base presupuestaria los recursos que garantiza la Ley Nº 27.795.
