Este martes 9 de diciembre, gremios estatales de Córdoba marcharon en la capital provincial en contra de la posibilidad de que el Gobierno de Martín Llaryora pueda incorporar en el Presupuesto 2026 un incremento de hasta el 4% en los aportes personales a la Caja de Jubilaciones y el Apross, en virtud de los atrasos de los compromisos de Nación con Provincia. Al mismo tiempo, rechazaron la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. En la previa, Ilda Bustos, secretaria General de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC) y la CGT Córdoba, dialogó con la Radio Tortuga 92.9 sobre ambas demandas y los desafíos que tiene el gremialismo en este contexto de impacto directo del ajuste económico en las condiciones laborales.
En primer término, respecto a la posibilidad del aumento de los aportes de las trabajadoras y trabajadores a la Caja y el Apross, aclaró que se trata de una iniciativa que tiene «antecedentes malos«, ya que suele retomarse cada vez que se proyecta el inicio de un nuevo período presupuestario, a la par de otras propuestas igualmente lesivas para los derechos laborales, como el cuestionado diferimiento y la no contemplación del 82% móvil para jubiladas y jubilados.
«La última Ley, entre gallos y medianoche, salió en la pandemia«, recordó en este sentido.
Respecto a la situación de la Caja, en particular, subrayó que su desfinanciamiento tiene que ver con que «tanto en la Provincia como en las municipalidades, desde hace mucho tiempo, el ingreso del personal en cualquiera de las áreas adquiere características de precariedad absoluta; ya sea por monotributo, becas, trabajo voluntario, una serie de inventos que genera que no vayan aportes a la Caja«.
«Es muy difícil sostener un sistema si no se incorporan trabajadores activos«, subraya y agrega que además, hace 30 años que está intervenida la Caja, lo que impide su normal funcionamiento. «Hay muy poca participación de la representación de los distintos sectores de trabajadores y la sospecha de que la Caja de jubilaciones es una caja para otros fines», agregó y respecto al conflicto actual, puntualmente, señaló que se exacerba «porque no hay ningún instancia previa de negociación y porque tenemos claro que desde el Gobierno Nacional no va a haber ninguna contemplación» para ordenar la deuda que tiene con la Provincia.
Tras dicho diagnóstico, sentenció: «Hay una cuestión grave y los trabajadores y las trabajadoras estatales no pueden soportar incrementos que en algunos casos se llevarían el 30% de los ingresos«.
En cuanto a la reforma laboral, que el Gobierno Nacional presenta como una «modernización» y de la que, tras largas idas y vueltas, circula un borrador oficial con algunos de sus puntos principales, destacó Ilda Bustos que en Córdoba las dos CGT y las dos CTA tienen conformada en unidad una mesa sindical de la industria, el trabajo y la soberanía para resistirla.
En este sentido, más allá de los detalles del proyecto, trazó un perfil del gobierno de Javier Milei para sostener la imposibilidad de que una reforma laboral impulsada por su gestión pueda favorecer a las trabajadoras y trabajadores: «Éste es un gobierno que cada día se endeuda más, entregando soberanía y subordinado a los Estados Unidos y los organismos de crédito internacionales, asegurando un futuro de pobreza generalizada e hipotecando las posibilidades de desarrollo. Pensar que en este contexto hay una reforma laboral que va a crear puestos de trabajo es medio esquizofrénico. No existe esa posibilidad. No se incrementa el consumo, están destruyendo el mercado interno, todos los días cierran empresas y hay gente en la calle, y ni siquiera las changas están aseguradas. Solamente se beneficia el capital financiero y el capital industrial pasó a un segundo plano».
En respuesta a ello, destacó Ilda Bustos que la Argentina tiene «mucha historia con las reivindicaciones que se lograron en la calle» y planteó que «la primera reforma tiene que ser la inclusión de las y los trabajadores que no están registrados ni tienen derechos como tales», ya que «estamos asistiendo a un despojo generalizado, con absoluta discrecionalidad del poder».
Y agregó, respecto de las transformaciones que se necesitan dentro del campo laboral: «Hace falta una discusión sobre la reducción de la jornada laboral; en un momento en el que la tecnología permite producir en menos tiempo y con más calidad y más cantidad. Es lo que se hace en todo el mundo. México lo ha hecho. Estamos de acuerdo con la libre negociación por rama de actividad y por la introducción de las nuevas tecnologías, pero todo esto que hacen es para imponer una regresión en el derecho laboral y eliminarlo. En el proyecto no aparece ninguna idea con el tema de las plataformas. Hacen todo esto para que con el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) vengan los grupos monopólicos a destruir los recursos naturales, sin que se incorpore cadena de valor. Para eso necesitan mano de obra semiesclava«.
Finalmente, en cuanto a la crítica que reciben los sectores sindicales y en particular la CGT a nivel nacional, respecto a la falta de firmeza en los reclamos, para sentar una resistencia sólida al ajuste contra las trabajadoras y trabajadores; analizó la titular de Gráficos, de vasta experiencia en el sector gremial: «Hay una situación de debilidad del movimiento sindical, que es indudable. La primera situación de debilidad es tener más de la mitad de la fuerza laboral del país no registrada o con distintas formas de explotación, como becas y trabajo voluntario. Muchos dirigentes reconocen esto, pero tiene que haber más unidad; tienen que estar contemplados las compañeras y compañeros que están fuera de poder ejercer los derechos que les pertenecen por ser trabajadores. Es la unidad que hay que lograr, con la organización como herramienta, la lucha para confrontar y con el objetivo de la justicia social«.
