En cumplimiento de lo ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el gobierno de Javier Milei reglamentó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada y ratificada por el Congreso en 2025. Diversas organizaciones del sector venían denunciando estrategias de obstaculización y dilación de la Ley por parte de la gestión «libertaria».
La reglamentación de la Ley fue formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial este miércoles 4 de febrero, y define criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, condiciones de permanencia, incompatibilidades con otros beneficios, procedimientos administrativos y mecanismos de control correspondientes.
De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Asimismo, el Decreto formaliza la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera; algo que fue fuertemente cuestionado por organizaciones de promoción de derechos de las personas con discapacidad, que entienden que el sector no debería estar encuadrado exclusivamente dentro de la categoría de salud, sino que requeriría una autarquía que le permita articular con otros estamentos del Estado, que garanticen una inclusión plena a los beneficiarios.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto, además, la Secretaría Nacional de Discapacidad tiene un plazo máximo de 30 días para convocar al Consejo Federal de Discapacidad, acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas.
También se establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Desde el Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad destacaron que esta reglamentación es una conquista «tras meses de organización, movilización y lucha colectiva de las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y quienes sostienen cotidianamente el sistema de apoyos».
Destaca en este sentido que se trata de «un paso necesario para la implementación de la ley», pero que «no es un gesto voluntario ni una concesión del Ejecutivo: es el resultado de la perseverancia de un colectivo que peleó por la aprobación de la ley y exigió su puesta en marcha«.
«En paralelo, se dispuso la designación del Dr. Alejandro Alberto Vilches como Secretario Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Esta designación restituye una conducción formal en un área que estuvo paralizada, sin autoridades y sin respuestas, en un contexto de profunda emergencia social», agrega un comunicado del Foro, que indica que se está evaluando el texto de la reglamentación para verificar que «cumpla con la ley en su totalidad, que no introduzca recortes ni interpretaciones restrictivas y que garantice efectivamente los derechos que la emergencia exige, con soluciones inmediatas».
Esquivando vetos y otros obstáculos
Cabe recordar que el 10 de julio fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Emergencia en Discapacidad, que un mes antes había logrado media sanción en el Senado. El 4 de agosto, sin embargo, a través del Decreto 534/2025, el gobierno de Javier Milei vetó la norma, argumentando que garantizarle los derechos previstos en la norma a las personas con discapacidad y sus familias ponían en riesgo su pretendido equilibrio fiscal.
Sin embargo, la Ley quedó firme el 4 de septiembre, tras su ratificación en el Congreso, con el voto de amplias mayorías en ambas cámaras.
Si bien la norma fue promulgada el 22 de septiembre mediante el Decreto 681/2025, el Gobierno Nacional dilató su reglamentación y ejecución plena, volviendo a aludir a problemas presupuestarios y falta de partidas.
Frente a esto, diversas presentaciones judiciales presionaron al Gobierno para que implementara la Ley y semanas atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, puso como fecha límite para esto el 4 de febrero. Es en cumplimiento de esta disposición que este miércoles, finalmente, el Gobierno cedió ante la prerrogativa judicial y dispuso la reglamentación de la norma a través del Decreto 84/2026.
Paralelamente, en todo este tiempo organizaciones que representan a personas con discapacidad y sus familias, prestadores, profesionales, transportistas e instituciones del sector sostuvieron una tarea militante de visibilización de los perjuicios que las maniobras de dilación y obstaculización del Gobierno vienen generando en la vida digna de esta población.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
