Días atrás el gobierno de Javier Milei finalmente reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, debido a la presión social expresada en amparos judiciales y el fallo del juez Federal de Campana, Adrián González Charvay. Entrevistada por la Radio Tortuga 92.9, Julia Domínguez, de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, reveló que se está analizando puntillosamente el texto oficial y destacó el reclamo solidario que el colectivo logró sostener, para eludir los vetos y las dilaciones del Gobierno Nacional.
En principio, respecto de la reglamentación de esta Ley, que meses atrás había sido aprobada y ratificada con amplias mayorías de ambas cámaras del Congreso pese a la resistencia del Gobierno, manifestó: «Es muy movilizador después de tanto tiempo de espera. Venimos de golpes duros. Es un logro que impulsamos desde los borradores del proyecto de Ley. Nos cuesta estar felices por cómo estamos y por eso lo observamos con desconfianza».
Respecto al análisis de la reglamentación de la Ley, reveló que se están formando mesas de trabajo y asambleas entre las diversas federaciones y cámaras empresariales de instituciones de discapacidad y colegios profesionales de las diversas provincias; subrayando que otro de los caracteres destacados de este proceso sostenido de lucha viene siendo su carácter federal.
Destacó Domínguez que «esta reglamentación es impulsada y sostenida por el colectivo de discapacidad«, que se ha sostenido unido «detrás de cada veto, cada rechazo y cada manifestación de crueldad» del Gobierno.
En ese sentido, subrayó que en simultáneo con la reglamentación de la Ley en el Boletín Oficial, «la mandan a la diputada Lilia Lemoine, que está siempre para hacer papelones, a agredir a una persona de nuestro colectivo», en referencia a comentarios difamatorios que la legisladora pronunció sobre el joven con autismo Ian Moche, promotor de los derechos de las personas con discapacidad, y su madre.
«Vuelven a instalar una desconfianza, a un punto tal de que no perdonan ni a un niño. Esto se traduce en una cortina de humo. No esperamos que esto nos dé tranquilidad, sino que nos da la pauta de que tenemos que estar a la defensiva permanentemente», indicó en este contexto.
Respecto al análisis mismo de la reglamentación, detalló: «Estamos haciendo un estudio profundo del documento, con asesorías técnicas correspondientes. Estamos buscando por dónde nos van a cagar, porque sabemos que una de las estrategias de este Gobierno es hacernos perder tiempo con requisitos y recursos, llevando todo al plano de la despolitización y que la gente tenga que estar todo el tiempo resolviendo las cosas de manera individual, aunque no tengan recursos económicos y simbólicos para eso; que los prestadores tengan que gestionarse individualmente cada emergencia; o que cada persona con discapacidad tenga que hacer sus trámites de nuevo en estas auditorías que han sido persecutorias y han puesto a trabajadores a quitar derechos, premiándolos por eso».
Asimismo, apuntó que mientras se reglamenta la Ley, se deprecia la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reduciendo a los temas que atañen al colectivo a un área dentro del Ministerio de Salud. «En este momento hay un recorte no sólo presupuestario; hay un retroceso científico, político y de derechos, porque están diciendo que la persona tiene que estar enferma (para ser considerada con discapacidad). Con la manera que tienen de pensar, pensamos que van a someter a las personas a juicios, donde van a tener que exponer sus vulnerabilidades», analizó Domínguez.
Paralelamente, destacó la profesional que fue la presión social la que logró hacer ceder al Gobierno, recurriendo a los otros dos poderes para que el Ejecutivo «equilibre su crueldad».
Y agregó: «Nunca respetaron las leyes. El conjunto social tiene que apropiarse de esto, pero no porque todos eventualmente en algún momento vamos a tener discapacidad en nuestras vidas; sino porque esto lesiona los derechos de los demás colectivos. Hemos encontrado un camino que funciona para por lo menos desde lo institucional sostener algunos derechos. El que hayamos logrado superar todos los vetos y que este proyecto de emergencia sobreviva, a diferencia de lo que le pasa a otros colectivos, habla de nuestra fortaleza y de la calidad humana que tenemos; aunque tengamos muchas diferencias y muchas personas hayan votado nuevamente a este gobierno. Entendimos que tenemos que empezar a elegir representantes que dialoguen, nos escuchen y no se rían de lo que nos pasa ni nos ataquen».
Finalmente, en términos generales, hizo especial mención al apoyo social que recibió el colectivo de la discapacidad en este periplo y revalorizó el carácter solidario del pueblo argentino: «Nos quieren hacer creer que somos personas odiantes, pero somos un pueblo sumamente solidario. Aunque todo indique que hay un contexto de sálvese quien pueda, esta lucha nos enseñó que la salida es colectiva y de solidaridad organizada. Así logramos que lleguen sillas de ruedas cuando no había gestión y que pudiera participar un compañero que no tiene red de apoyos. Hay que sostener la comunicación con la sociedad para construir un sujeto solidario».
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