Con 149 votos positivos y 100 negativos, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación de la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad a los 14 años y ahora debe ser debatido en el Senado. Voces opositoras, algunas de las cuales acompañaron la propuesta, cuestionaron los insuficientes recursos que el Gobierno proyecta destinar a la implementación de la norma, que viene siendo defendida desde una posición punitivista.
Acompañaron a La Libertad Avanza en la aprobación de la iniciativa, la Unión Cívica Radical (UCR), el Pro, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo. La rechazaron el peronismo y la izquierda.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la media sanción como el fin de un sistema que «garantizaba la impunidad» y reiteró el remanido leit motiv sobre el que se montó el oficialismo para promover esta Ley: «El que las hace, las paga».
«Todo será en vano si el Estado Nacional no pone plata», alertó el radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
«Argentina necesitaba un nuevo sistema penal juvenil, pero no así. Bajar la imputabilidad a 14 años no soluciona nada: solo criminaliza jóvenes. Sin recursos en las provincias no es serio», expresó al respecto el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria.
Natalia De La Sota, por su parte, había anticipado su voto en contra de la norma, subrayando que «el camino no es castigar más temprano, sino garantizar oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes».
En tanto, Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos en uso de licencia y diputada de Provincias Unidas, votó a favor de la norma, planteando que la Argentina enfrenta desde hace décadas un «problema profundo en materia de seguridad» y que no se puede mirar para otro lado «cuando la sociedad nos demanda respuestas concretas».
Sin embargo, planteó que el nuevo régimen penal juvenil «no es una solución mágica, sino una herramienta necesaria». Aclaró Basualdo que es consciente de que «la incidencia de los delitos cometidos por menores de 16 años es estadísticamente baja en comparación con el total de los delitos»; pese a lo cual puso el acento en que «cada una de las víctimas y familias merece acompañamiento y de un Estado que ofrezca respuestas».
«Este proyecto aborda las consecuencias del delito en menores, pero no las causas», apuntó Basualdo y alertó que para asegurar la reinserción «es fundamental que se aseguren los recursos y la infraestructura necesaria en todo el territorio nacional».
