Con 135 votos positivos y 115 negativos, y tras una extensa sesión de cerca de 12 horas, la Cámara de Diputados le brindó media sanción al proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que ahora debe volver al Senado para lograr su aprobación definitiva; ya que en la previa el oficialismo se vio obligado a retirar del proyecto el artículo 44, que habilitaba a las patronales a descontar hasta el 50% de los salarios a personas que sufrieran una enfermedad o accidente fuera del horario laboral.
La aprobación de la norma en Diputados estuvo atravesada por un paro general convocado por la CGT y que tuvo un alto acatamiento en todo el país, y estuvo acompañado por numerosas movilizaciones; la principal de las cuales, desarrollada en las afueras del Congreso, fue duramente reprimida.
Diversos legisladores opositores plantearon críticas al tratamiento del proyecto oficialista. Cuestionaron que no establece beneficios para los trabajadores, que no asegura la generación de puestos de trabajo registrados, que se mete en diversas cuestiones que distan con los objetivos planteadas; y en ese marco, se adelantó que en caso de ser aprobada, la reforma laboral será inmediatamente judicializada por su carácter inconstitucional.
De los 18 votos cordobeses, los diez que tiene La Libertad Avanza acompañaron la iniciativa oficialista; Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estevez (Unión por la Patria) votaron en contra; y los seis de Provincias Unidas se dividieron de la siguiente manera: Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez votaron a favor, Juan Brugge votó en contra y se ausentaron Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.
Debate álgido
El miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, aseguró que esta norma permitirá «promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad«.
«Nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como barrera para que la registración de empleo formal y las cargas de las normativas para quienes contratan, ahoguen a cualquiera de buena intención», señaló.
En representación de Unión por la Patria, Sergio Palazzo resaltó que la reforma laboral «es inconstitucional» y que «han contrabandeado detrás de la palabra modernización laboral, la regresión más brutal que reconozca la historia sobre los derechos de los trabajadores», ya que «afecta todos los pilares del derecho del trabajo, de la representación, e inclusive ahora, del fuero en el que deben tratarse las cuestiones laborales«.
Desde Provincias Unidas, Martín Losteau hizo hincapié en que el sistema previsional es inequitativo, que el sistema tributario es regresivo y el laboral «arrastra problemas históricos, le falta actualizaciones, no contempla el trabajo remoto y las nuevas formas de vínculo laboral». Empero, planteó que «este Gobierno mira las relaciones laborales y dice ‘las empleadas domésticas están en relación de fuerza con relación a los patrones’; al empleador, beneficio; al empleado, castigo».
Al criticar y rechazar el proyecto, Néstor Pitrola (FIT-U) afirmó que «nos quieren llevar a la barbarie, sin sindicatos, sin lucha, sin derecho de huelga ni derecho a la organización«.
«En 48 horas, este Congreso, sin ningún tipo de debate, sin escuchar a los que saben, hoy se va a llevar 50 años de protección a la parte débil», fustigó la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), quien manifestó, además, que «va a haber un nivel de litigiosidad muy alto, vamos a plantear muchas inconstitucionalidades, va a haber muchas cautelares como las que se vinieron planteando con la Ley Bases».
Al anticipar que va a votar a favor del proyecto, Pablo Outes (Innovación Federal) recalcó que el modelo de reforma que se está actualizando sirve para las provincias del interior: «Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de Obra Social. Simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. El problema de la Argentina es mirarse el ombligo».
En la continuidad, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) reafirmó que en la ley no encontró ningún punto que favoreciera al trabajador: «La ley tiene un enmascaramiento que es la modernización. No hay ningún elemento que indique que hubo un intento de modernizar«, enfatizó.
Para concluir, sentenció que «se meten con todo: con la vida, con las enfermedades de los trabajadores. Se excedieron. Entonces volvieron atrás, porque midieron con algún consultor, y este tema les daba negativo».
