La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) informó que presentó, junto a la Mesa por el Agua y el Ambiente (Maya), un amparo por mora en contra de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi), por no haber respondido a un pedido de información pública sobre la obra de provisión de agua potable para el country “El Potrerillo de Larreta”.
En un comunicado, Fundeps subraya que la MAyA desde hace varios meses intenta obtener información sobre la obra del acueducto del country: «Según se ha podido constatar, este acueducto se desprende del caño maestro que lleva agua a toda la localidad y tendría 160 milímetros, por lo que podría abastecer a 20 mil personas aproximadamente pero el country tiene solo 347 lotes».
Recuerda Fundeps, como antecedente, que se trata del mismo barrio privado que hace más de diez años sostiene un alambrado de cuatro kilómetros en el arroyo Los Paredones, que es el principal afluente del arroyo Chicamtoltina; impidiendo de esa manera el acceso de la comunidad y «violando normativas que establecen el derecho al uso común de las aguas terrestres».
Explica a continuación Fundeps que «la preocupación por la construcción y posterior funcionamiento de este acueducto radica en que actualmente el caño maestro provee de agua a toda la comunidad de Alta Gracia y a otras localidades como Falda del Carmen y Villa del Prado, quienes en distintas épocas del año padecen de graves problemas de abastecimiento».
En ese marco, analiza la entidad que la preocupación social radica en que, de llevarse a cabo esta obra de conexión al caño maestro, la problemática podría incrementarse en el futuro, «provocando que parte de la ciudadanía acceda al agua potable mientras que otra gran porción no»; lo que implicaría la violación de un derecho humano fundamental.
⚠️🚰Presentamos un amparo por mora contra la Administración Provincial de Recursos Hídricos por no responder un pedido de información pública que solicitó @aguayambiente https://t.co/6KUNtkK96U pic.twitter.com/Fp3RCqVHZw
— Fundeps Argentina (@fundeps) October 10, 2023
En virtud de ello, recuerda Fundeps que la MAyA presentó diversos pedidos de acceso a la información pública a las distintas reparticiones que estarían involucradas en el desarrollo de la obra.
«La Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias Alta Gracia (Cosag) respondieron los pedidos realizados. Dijeron que únicamente tenían conocimiento de que en el año 2018 ingresó una solicitud de autorización de uso de la vía pública para la construcción de una obra que buscaba proveer de agua al Potrerillo De Larreta. Además expusieron que en el año 2021 se solicitó autorización para el comienzo de la obra, dando lugar a las inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación», indica.
También menciona que este colectivo vecinal socioambiental realizó «un pedido de información sobre esta obra a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi), repartición que ejerce la titularidad de los recursos hídricos de la provincia».
Es precisamente ante la falta de respuesta a estas solicitudes que «desde Fundeps y la comunidad vecinal, presentamos un amparo por mora para la entrega de la información solicitada», detalla la organización.
Finalmente, el comunicado de Fundeps explica que el amparo por mora es «una acción judicial que tiene por única finalidad obtener, por medio del Poder Judicial, la información que no ha sido otorgada anteriormente».
Y agrega: «Una vez presentada la acción, la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación, intimó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que otorgue la información que había sido solicitada. Recién el 6 de septiembre de 2023 respondió manifestando que, en el año 2014, la entonces Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia había otorgado el visado técnico para llevar a cabo la construcción del acueducto. Este proyecto prevé abastecer al country Potrerillo de Larreta una dotación de 1000 lts por conexión y en el año 2017 se le dio visado técnico a una planta de potabilización».
Agrega Fundeps que «ante la falta de información confiable al respecto, en primer lugar debemos decir que ha sido sistemáticamente vulnerado el derecho a acceder a la información pública de forma completa y veraz» y que «tampoco la Administración Pública cumplió con el deber de, en caso que no tenga la información que se solicita, redirigir la solicitud al organismo competente». Asimismo, analiza que «resulta sumamente cuestionable que haya sido necesario recurrir a la justicia para obtener información, ya que esto provoca un desgaste jurisdiccional, e insume tiempos y recursos que limitan el acceso al derecho a la información«.
En definitiva, concluye, «la conducta de los distintos organismos involucrados implica una seria denegación de derechos de la ciudadanía que debe ser corregida, ya que acceder a la información pública permite conocer y participar en todos los procesos políticos, gubernamentales y administrativos en donde se encuentre comprometido el ambiente».
