En la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, el oficialismo logró la adhesión a la ley de seguridad provincial promulgada por Martín Llaryora. La nueva disposición incluye la creación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía y el uso de armas no letales. Desde el bloque de Alta Gracia Crece (AGC) rechazaron la iniciativa alegando que existen “serias inconsistencias” en cuanto a la aplicación de la nueva ley.
La nueva ley aprobada por la Legislatura, introduce novedades al sistema de seguridad provincial entre las que se encuentran: La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía, y el uso de armas no letales.
Además establece la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas; la incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad; la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia; y la duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
Para avanzar en la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia, los distintos municipios de la provincia deben formalizar su adhesión. Es por ello que el pasado viernes, en el marco de una sesión extraordinaria, el órgano legislativo de la ciudad de Alta Gracia aprobó por mayoría su adhesión a la nueva ley.
Sin embargo, los ediles del bloque de Alta Gracia Cambia (AGC) decidieron no acompañar la iniciativa. En diálogo con Radio Tortuga 92.9, la concejala Lucía Allende explicó que la decisión de rechazar esta adhesión se debe a las inconsistencias que plantea su aplicación.
“La ley establece la creación de patrullas urbanas municipales con potestades similares a las de la policía, pero no dice cómo se va a llevar a cabo. Nosotros solicitamos que se pudiera dar un debate, contamos con tres altos funcionarios en el Ministerio de Seguridad, que son de Alta Gracia, a los cuales podrían haber convocado para que se expresen sobre el tema. También convocar al Intendente y al área específica, ya que se ha creado una Subsecretaría de Seguridad, para que nos expliquen cómo se va a implementar esto”, expresó la concejala.
Por otro lado, la edil resaltó que la adhesión faculta al Intendente Marcos Torres a generar políticas de Seguridad: “Queremos saber cuáles son esas políticas, bajó qué parámetros, y con qué personal idóneo”.
En ese sentido destacó también que “la inseguridad es uno de los temas más preocupantes para los vecinos y requiere de idoneidad, profesionalismo, seriedad y sobre todo de transparencia”.
Durante su alocución en el Concejo Deliberante, Allende manifestó que “es necesario generar un contexto institucional que dé cuenta de lo que sucede con las fuerzas de seguridad en la provincia”, al tiempo que remarcó hechos concretos como la detención del director del servicio penitenciario, y la detención de Gustavo Folli “quien es coautor de la ley y fue detenido por violencia de género, asociación ilícita y corrupción”.
“Otro tema importante es que se autoriza al uso de armas menos letales, no son armas no letales como el gas pimienta, sino menos letales, lo cual es un peligro no solo para quienes vayan a manipularlas, que tienen que estar capacitados, sino también para terceros” señaló Allende en Radio Tortuga.
En ese aspecto subrayó que si bien la ley genera un Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, este hoy “no está creado ni reglamentado, y tampoco habla de cuáles son los fondos que la provincia va a transferir para que eso se aplique”.
