La semana pasada se conoció el sobreseimiento del cura Marcelo Siderides y los arquitectos miembros del Instituto “Marina Waisman” de la Universidad Católica de Córdoba, Melina Malandrino, Pedro Cufre y Juan Pablo Orosco, por el delito de Daño Agravado por cometerse en perjuicio de un bien de Uso Público y Monumento de carácter Histórico. Tras ello, desde Radio Tortuga 102.7 dialogamos con Francisco Álvarez Barreiro, uno de los primeros promotores de los reclamos por la desidia que se tuvo para con el patrimonio histórico en el marco de la restauración de la iglesia jesuítica.
«En el dictamen de la Cámara el delito si existió, porque en ningún caso se dice que no hubo daño, sino que se verifica, se validan y dice que objetivamente los daños existieron y los hechos existieron. Lo único que hacen es exceptuarlos del uso del Código Penal como si fuera un daño culposo», comenzó relatando Barreiro en relación a lo resuelto por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones.
En este sentido, los jueces destacaron que “no hubo intención maliciosa alguna” por parte de los acusados ya que aduce que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, tenía conocimiento de todas las etapas del proyecto de restauración.
Ante ello, Barreiro comparó la situación con la serie televisiva mexicana, ‘El Chavo del 8’: «Cuando el Chavo hacía una macana, decía siempre ‘lo hice sin querer queriendo'». «La Cámara Federal, como Poncio Pilato, se lava las manos y dice que aquí no hubo delito», señaló Barreiro al tiempo que agregó: «El daño generado está, fue verificado, lo que pasa que en el argumento de la Cámara Federal, dice ‘nosotros fuimos a la iglesia, está bonita, está utilizable’, y eso es una falacia, porque el daño está hecho, los restos humanos ya se tiraron y el daño arqueológico está ejecutado».
Responsables
«Al haber tantos responsables no hay ningún responsable, no es que no existieron responsables lo que pasa es que se los saca claramente de la aplicación del Código Penal, que hubiera implicado una pena de hasta cuatro años de cárcel», insistió Barreiro, mientras desestimó retomar el reclamo. «Está en manos del fiscal Senestrari analizar si se puede hacer una apelación», agregó.
«Acá se pasaron por alto dos o tres testimonios fundamentales, en la causa está el propietario de la empresa de contenedores que declaró que la orden había sido tirar los restos humanos y el patrimonio en el basural de Alta Gracia, en ningún lugar de la causa hablan con precisión de los tiempos», enfatizó Barreiro y añadió: «Si la cámara o los camaristas hubieran sido más precisos en el análisis de la prueba, seguramente el dictamen sería otro».
«No fue en vano»
En relación a las sensaciones que le causó el revés judicial, Barreiro ratificó que los reclamos «no fueron en vano». «El error sería entender que aquí no hubo responsables, hubo responsables, lo que se ha hecho es exonerar el costo de pagar con una pena de cárcel su delito», resaltó.
