La Multisectorial Ambiental de la provincia de Córdoba emitió un comunicado en el que repudia «enérgicamente» presiones empresariales sobre funcionarios del gobierno, que tendrían como objeto «continuar violando las normativas ambientales». Refiere el documento a datos vertidos en una nota del diario La Voz del Interior del 15 de julio, en la que cámaras empresariales nucleadas en el G-6 le habrían exigido al ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, la “flexibilización” de la normativa ambiental vigente, cuyo cumplimiento afectaría sus inversiones.
«Los empresarios están pidiendo al Estado que les permitan continuar violando las leyes como lo han hecho hasta ahora, en beneficio de sus ganancias y en grave perjuicio de la calidad de vida y salud de la población y el ambiente», denuncian las organizaciones ambientales en el comunicado.
Explican que al hablar de «flexibilizar», los empresarios «quieren seguir desmontando en zonas de máxima protección del bosque nativo, violando la Ley, para bien de sus ‘desarrollos’ inmobiliarios, mineros o agronegocios (…) seguir operando sin licencia ambiental, como la Planta de Bioetanol de Porta Hermanos que produce enfermedades, sufrimiento ambiental y muerte en barrio San Antonio (…) piden que la Secretaría de Ambiente siga haciendo la vista gorda al incumplimiento de requisitos para habilitación de sus empresas; como la omisión de presentación del certificado de no inundabilidad por parte de Taym que le permitió instalarse en una zona inundable; con la conocida consecuencia de inundación y derrame de residuos peligrosos por todo el territorio e incluso en el canal que abastece de agua potable a Córdoba (…) quieren continuar violando la Ley de ordenamiento territorial ubicando industrias contaminantes como la semillera de Monsanto o el megabasural de Cormecor en zonas dónde no está permitido, presentando informes ambientales truchos y sin aprobación de las comunidades próximas» (…) eliminar el sistema de Audiencias Públicas, que a pesar de ser ‘no vinculante’ constituye la única y limitadísima herramienta de participación popular en las decisiones que afectan el medio ambiente y nuestra vida (…) Cuando dicen ‘flexibilizar? quieren continuar fumigando con agrotóxicos sobre las poblaciones, seguir apropiándose de caminos comunales, como en Casa Bamba».
Concluyen que con este pedido, se pretende «seguir sacrificando impunemente personas y territorios» en favor de las ganancias empresariales, que ya se conocen las consecuencias de otras «flexibilizaciones», con pérdidas de empleo y sumiendo a las poblaciones en el hambre. «Para los empresarios inescrupulosos, sus ganancias siempre valen más que la vida de los otros».
Demandan las organizaciones que «el gobierno exija el cumplimiento de las leyes y proteja el derecho a la vida y el ambiente sano» y «el debate de los proyectos que afectan el ambiente en asambleas públicas, donde los ciudadanos potencialmente afectados tengan poder de resolución y veto».
Firman el comunicado: Multisectorial Ambiental de Córdoba, Asamblea Santa María Sin Basura, Malvinas Lucha por la Vida, Asamblea del Monte de Unquillo, Asambleas Ambientales de Punilla, Asamblea Vecinos del Chavascate, Cerro Azul Despierta-AsambleaSierras Chicas Sin Canteras, Comisión por el Agua – Las Rabonas, Asamblea Fuera Porta!, Cloacas Ya!, UNIDHOS, Casa del Pueblo, Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y Coordinadora Ambiental de Traslasierra.
