Presentaron amparo colectivo para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

0

El lunes 13 de octubre, la Asociación Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a transportistas para personas con discapacidad de la provincia de Córdoba presentó ante el juez del Tribunal Oral Federal número 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, un amparo colectivo que exige a la Justicia la implementación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Senado y Diputados, y ratificada por ambas cámaras tras el veto del presidente Javier Milei. Si bien el Gobierno Nacional promulgó la norma, suspendió su aplicación, aludiendo a presuntos problemas presupuestarios. En el marco del mismo reclamo, este viernes 17 de octubre se llevarán adelante en todo el país diversas marchas en defensa de la norma, esperada por personas con discapacidad y sus familias, prestadores e instituciones.

En la ciudad de Córdoba, la manifestación concentrará a las 9 en el Parque Sarmiento, sobre calle Deodoro Roca, a metros de la Plaza España; y se dirigirá hacia los Tribunales Federales.

«Por primera vez, una asociación de transportistas de Córdoba impulsa una acción judicial de alcance nacional que busca representar a todo el sistema integral de discapacidad del país», expresaron desde el Colectivo 3 de Diciembre y subrayaron que «la salida siempre es colectiva», por lo que el amparo que presentaron «incluye mucho más que al sector del transporte: representa a todas las personas, familias y trabajadoras que sostienen día a día el Sistema Único de Discapacidad».

Explicaron que «el objetivo es lograr que la Justicia ordene la inmediata aplicación de una ley que reconoce una crisis estructural y que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero posteriormente vetada y suspendida sin sustento legal».

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio y ratificada tras el veto presidencial, reconoció la crisis estructural del sistema: baja de pensiones de manera arbitraria, aranceles desactualizados, demoras en los pagos, falta de presupuesto y políticas públicas insuficientes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto, una medida sin sustento legal que mantiene al sector en un estado de colapso económico y vulneración de derechos.

«Ahora vamos a la Justicia porque una ley sancionada y promulgada no puede quedar suspendida por decisión administrativa. El Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento”, señalaron desde la Asociación y advirtieron que «desde el inicio de esta crisis, personas con discapacidad ven interrumpidas sus terapias y servicios esenciales, mientras prestadores y transportistas sostienen el sistema endeudados y al borde del cierre».

Y agregaron: «Cada día, una familia pierde su principal ingreso y otra persona con discapacidad pierde su acceso a la atención y la movilidad».

La abogada Samanta Funes, que representa al Colectivo 3 de Diciembre, dijo al respecto: «El Sistema Único de Discapacidad es una política pública esencial. Garantiza la equidad en el acceso y goce de derechos para miles de personas con discapacidad en todo el país. La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Nº 27.793) reconoció la crisis profunda que atraviesa el sector: prestaciones desactualizadas, pensiones dadas de baja y falta de políticas para sostener a quienes brindan los servicios. Esa ley también señaló lo más importante: el Estado es responsable de garantizar presupuesto y soluciones urgentes. Pero hoy, esa ley está suspendida. El sector de discapacidad no soporta una pausa más. Porque sin prestadores, no hay garantía de derechos».

La abogada explicó además que en julio de este año se logró la sanción de la ley justamente para que el Estado Nacional dispusiera del presupuesto necesario para recomponer la grave situación que atraviesa el sector. Sin embargo, alertó que lejos de cumplir con su obligación de reglamentarla y aplicarla, el Ejecutivo decidió suspenderla, generando una crisis institucional sin precedentes: «El Presidente, una vez más, utilizó sus potestades para obstaculizar y desfinanciar el Sistema Único de Discapacidad».

Explicó que ante esta situación se decidió acudir a la Justicia Federal, haciendo uso del derecho constitucional de acceso a la justicia, para solicitar la implementación inmediata de la ley suspendida; y concluyó: «Este amparo colectivo representa no solo a los y las transportistas del Colectivo 3 de Diciembre, sino a todo el sistema de discapacidad: personas con discapacidad, prestadores y prestadoras comprendidos en la Ley 24.901».

En rigor, el amparo presentado por el Colectivo 3 de Diciembre solicita la intervención de la Justicia Federal para ordenar la aplicación inmediata de la ley suspendida y restituir el marco de emergencia necesario para sostener al Sistema Único de Discapacidad.

Desde la Asociación remarcan que «esta acción colectiva busca reconstruir el sistema desde la unidad y la organización: la única salida posible es con todos y todas adentro» y que «se trata de una medida que busca detener el colapso del sistema, garantizar la continuidad de las prestaciones y proteger los derechos de quienes más lo necesitan».

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí