Ante el proyecto de Ley 0010/2017, también llamado de «Libertad Religiosa», presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias manifestó su preocupación y rechazó la incorporación de la figura de «objeción de conciencia». En diálogo con Radio Tortuga 102.7, Martín Apaz, referente de Devenir Diverse de Córdoba explicó los alcances que podría tener la iniciativa en varias leyes promulgada en defensa de la diversidad sexual.
«El proyecto impulsado por el Gobierno de Cambiemos representa una amenaza concreta a los derechos civiles conquistados durante los últimos años, debido a la incorporación de la figura ‘objeción de conciencia'». Así comienza el comunicado emitido por la Liga LGBTIQ+ de las Provincias en relación al proyecto presentado por el oficialismo nacional que establece que «toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica», según se lee en el articulo 7 del proyecto.
En este sentido, el referente en la lucha por los derechos de la población LGBTIQ, Martín Apaz, precisó que se trata de «un proyecto tramposo», ya que «bajo un título muy prometedor como es la ‘libertad religiosa’, con la relevancia que tiene el derecho a la libertad de culto en nuestra democracia, esconde una categoría peligrosa que es la de la objeción de conciencia». «Se opuso públicamente Amnistía Internacional y los principales organismos de derechos humanos, y casi todo el movimiento de diversidad porque básicamente con la objeción de conciencia lo que van a legalizar es la posibilidad de violar la ley, aunque suene contradictorio», enfatizó Apaz.
En relación a ello, Apaz sostuvo que «lo peor de esto es que la ley habilita a la objeción de conciencia no sólo a las personas sino que también a las instituciones». «Un docente o una escuela pueden negarse a dar educación sexual integral, un médico puede negarse a hacer un tratamiento de reproducción asistida a dos personas que busquen tener hijos e hijas con ese medio, o puede negarse a brindarle un tratamiento hormonal a una persona trans; pueden negarse a dar anticonceptivo y lo puede hacer también una obra social», ejemplificó.
Pasando en blanco, de aprobarse el proyecto de ley, cualquier persona o institución podría negarse a realizar alguna acción legal a causa de que la misma contradice su convicción moral o creencia religiosa. «Detrás de esto están los sectores más conservadores de la iglesia católica y del protestantismo que aquí en argentina lo conocemos como las diferentes iglesias evangélicas», enfatizó Apaz al tiempo que agregó: «Hay intereses muy fuertes de fondo y el Gobierno lo que hace es presentar esta ley que apunta a afianzar su base electoral conservadora y de derecha, pese a que a todas luces se trata de un proyecto inconstitucional y contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia».
Una ley contra todos y todas
Apaz resaltó que «no es una ley sólo contra la población LGBT, sino que es una ley contra el conjunto de la sociedad porque todos estos derechos nos lo pueden negar a cualquiera de nosotros». «Es absolutamente escandaloso porque buscan deshacer los derechos consagrados por más de 10 o 15 leyes votadas en el Congreso durante los últimos 10 años», destacó.
Asimismo, el referente en derechos de diversidad sexual, insistió en esta ley continúa con la embestida de Cambiemos contra los derechos conquistados: «Esta ley forma parte de la segunda etapa de restricción al acceso de nuestros derechos fundamentales». «Esto empezó el 1 de enero del 2016 con los despidos masivos y los recortes presupuestarios en todas las áreas que deben proteger y promover nuestros derechos como el Inadi, el Consejo Nacional de la Mujer, el programa de salud sexual, entre otros», explicó.
En la misma dirección, Apaz advirtió de que se trata de «un plan sistemático, en el cual primero restringieron el acceso a nuestros derechos de hecho eliminando o reduciendo al mínimo las áreas que se encargan de estos temas y ahora van a consagrarlo por la ley, de manera que si esta ley se aprueba tenemos la ley en contra y ademas estamos totalmente desprotegidos porque los organismos estatales que deberían protegernos están totalmente desguazados».
