La Asesoría Letrada de la Municipalidad requirió la intervención de la Fiscalía de Alta Gracia frente a perjuicios ambientales generados en la Reserva Natural del predio de las “Canteras del Cerro” y “riesgo a la salud e integridad, tanto de las personas adultas y niños” que “de modo precario permanecen en el lugar, como también los vecinos colindantes”. La denuncia hace referencia a la “ocupación indebida e ilegal” del sector por parte de cerca de 90 familias y propone que se remueva “todos los elementos que agravian el medio ambiente” y las conexiones clandestinas de servicios, y se faculte a la Municipalidad para llevar adelante un Plan de Ordenamiento Territorial y Planificación de una Gestión Ambiental.
La Municipalidad solicita habilitación de feria para que en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, se disponga una medida cautelar ambiental y las medidas cautelares para la seguridad pública, incluyendo la restricción de acceso a zonas peligrosas, la remoción de construcciones precarias que amenazan la estabilidad o la salud, y la vigilancia para prevenir delitos.
Respecto al conflicto de jurisdicción que se genera en este caso, ya que se trata de tierras fiscales nacionales, que antiguamente pertenecieron al ferrocarril y actualmente se encuentran bajo la protección de la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE), expresa la presentación del asesor letrado Daniel Villar: “La justicia ordinaria de Córdoba, puede avocarse a casos de daño ambiental e ilegal ocupación de tierras ferroviarias, especialmente si existe inminencia de un daño grave. La jurisprudencia cordobesa, para estos casos, se fundamenta en la legislación ambiental y la protección de la propiedad pública, lo que permite la intervención judicial”.
La presentación de la Asesoría Letrada “recomienda a los fiscales de instrucción el dictado de directivas a los auxiliares de la Policía de la Provincia de Córdoba, en las que, especialmente se contemple instrucciones relativas al estricto e inmediato cumplimiento de lo dispuesto por el art. 326, primer párrafo, del Código Procesal Penal, detenciones, aprehensión en flagrancia, como, así también, cualquier otra circunstancia que estimasen conducentes para garantizar la intervención eficaz del ministerio público fiscal”.
Subraya la denuncia que la AABE “no definió el destino del Predio Canteras del Cerro, ni mucho menos reconoció organización social alguna, con derecho a la ocupación del predio en cuestión y básicamente dispuso, en su carácter registral, que mi mandante, Municipalidad de Alta Gracia, ‘meramente’ arbitre las medidas necesarias para que no se incrementen los asentamientos en el lugar».
Finalmente, también solicita la Municipalidad que se cite a declarar a dos personas, de apellido González y Páez respectivamente, que podrían ser considerados responsables de “facilitar las ocupaciones ilegales”. También se sugiere que se investigue si la delegación Alta Gracia de la Anses realizó una encuesta en el lugar, con el objeto de tramitar subsidios para financiar proyectos de urbanización e infraestructura en el sector, en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
