2015 fue un año de conflictos ambientales intensos a lo largo y ancho de nuestro territorio. El modelo sojero y la minería a cielo abierto fueron los grandes protagonistas del avance extractivista, despojador y contaminante, aunque también se sintieron las graves consecuencias de la especulación inmobiliaria, la explotación petrolera y la actividad industrial. Las acciones dispares desde los diferentes niveles del Estado, que la mayoría de las veces intervinieron a favor de los privados, fueron contrarrestadas por una lucha continua y cada vez más profunda de los movimientos socioambientales. El balance positivo de este año, sin dudas, se lo llevan las asambleas, las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas por su compromiso en defensa de los bienes comunes y la salud de sus comunidades.
Por María Paula Ávila
El año comenzó con una catástrofe. El 15 de febrero hubo un aluvión en las Sierras Chicas, provincia de Córdoba, que dejó 11 muertos, más de 2000 evacuados y pérdidas materiales millonarias. Mientras el gobernador De la Sota proclamaba que había caído “un tsunami del cielo”, se multiplicaban las voces de damnificados, referentes de organizaciones sociales, periodistas y científicos que apuntaban al desmonte desmedido de la zona como el principal agravante. Las precipitaciones fueron históricas, pero se encontraron con un suelo incapaz de absorción por la falta de monte nativo, de modo que los cursos de agua se convirtieron en “toboganes” que arrasaron con todo. En esta región tan cercana a la capital, desde hace años, vienen aumentando los proyectos de desarrollo inmobiliario de gran escala como barrios cerrados y canchas de golf que se caracterizan por prácticas indiscriminadas de desmonte y de acaparamiento del agua. Durante 2015, todos los 15 de cada mes, se conmemoró la fecha y se levantaron reclamos en diversas localidades de las Sierras Chicas, pues las políticas de reparación de daños y de prevención fueron y siguen siendo muy deficientes.
Una noticia de relevancia llegó en marzo cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicó la categorización del glifosato en el grupo 2A que indica “probabilidad de cáncer”. Este dictamen elaborado por 17 expertos provenientes de 11 países, vino a fortalecer el vínculo agrotóxicos-cáncer con una voz legitimada internacionalmente. A pesar de su debilidad declarativa -pues para muchos el glifosato ameritaría una categorización más contundente que la “probabilidad”-, la declaración tuvo una recepción positiva entre las organizaciones socioamebientales en lucha contra los agrotóxicos, así como entre los cientistas abocados al estudio de los efectos perjudiciales del glifosato en la salud humana, por su capacidad argumentativa en la disputa por su toxicidad.
La palabra de la OMS fue muy significativa en el contexto de controversia científica imperante en todo el país alrededor del extractivismo, y en particular del monocultivo de soja transgénica. Las tensiones sobre las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos se extendieron durante todo el año. Un punto álgido fue hacia abril cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC emitió una resolución en la que cuestionaba el proceder de un campamento sanitario instalado en la localidad de Monte Maíz (provincia de Córdoba) meses atrás, por falta de autorizaciones y precisión científica. El campamento fue llevado adelante por la Cátedra de Clínica Pediátrica en el marco de un curso de extensión para estudiar la situación sanitaria de la población, altamente expuesta a las fumigaciones. El equipo fue acusado por informar primero a los medios de comunicación antes que a la Universidad. La Facultad de Agronomía de la UNC, en consonancia, realizó un pedido de sumario contra Ávila Vázquez, el médico a cargo del campamento, al cual se lo acusó de haberse extralimitado en las actividades autorizadas.
La acción concertada de estas casas de estudios de la UNC no prosperaron, pues se pudieron dar a conocer los resultados, a partir de los cuales se identificaron para Monte Maíz tasas aumentadas de cáncer con respecto a los promedios provinciales y nacionales, así como de neumopatías y de otras enfermedades como las colagenopatías (lupus, artritis reumatoideas), abortos espontáneos, problemas respiratorios, diabetes, hipotiroidismo y malformaciones. Estos datos habilitaron la necesidad de una ordenanza para regular la utilización de agroquímicos en el área rural y urbana. Así, se creó una «zona de resguardo» de entre 500 y 800 metros aproximadamente, según los barrios, en la que se prohibieron las fumigaciones.
El conflicto de los vecinos y vecinas de barrios San Antonio e Inaudi (ciudad de Córdoba) con la empresa productora de bioetanol Porta tuvo sus episodios de tensión durante el otoño de 2015. En la imperiosa necesidad de que esta planta ubicada en zona residencial se relocalice por los olores nauseabundos, los problemas respiratorios y en la piel, y las alergias, continuaron los reclamos en la Justicia y en la Municipalidad de Córdoba. Los últimos días de abril integrantes de la Asamblea Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) acamparon frente a la Municipalidad exigiendo la aparición del Intendente Ramón Mestre para dar respuestas. Ante la negativa municipal, un grupo de mujeres de la Asamblea se encadenó adentro del edificio de la Municipalidad durante 30 horas en las que fueron rodeadas por la policía e impedidas del uso de sanitarios y de acceder a agua y alimentos.
El Papa Francisco irrumpió en la escena internacional con una encíclica ecológica en el mes de junio. Algunas referencias al problemático término de la “sustentabilidad”, así como un énfasis preocupante en los cambios de conductas individuales, sobre las cuales supuestamente estarían depositadas las esperanzas de un mundo menos contaminado, despertaron algunas críticas sobre la mirada de esta institución tan conservadora. Sin embargo, al igual que con la declaración de la OMS sobre el glifosato, este tipo de pronunciamientos por parte de actores reconocidos y legitimados ha proporcionado argumentos valiosos para los defensores del ambiente, haciendo del Laudato Si una herramienta estratégica en los conflictos ambientales.
En otro orden, tras una presentación realizada por empresarios cordobeses de la minería para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 9526 de 2008 de prohibición de la minería metalífera a cielo abierto, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo en agosto por el que se declaró la constitucionalidad de la ley. La ratificación de su vigencia se debió fundamentalmente a la intensa lucha de un conjunto de asambleas antimineras que gestaron y defendieron la ley.
Sin dudas, el derrame de cianuro de Barrick Gold en San Juan, fue el tema ambiental del año en lo que respecta a nuestro país. El 13 de septiembre en la mina a cielo abierto Veladero, de la localidad de Jáchal, algunos trabajadores advirtieron sobre la rotura de una cañería que transportaba cianuro. Aunque al inicio, tanto la multinacional como el gobierno de San Juan, emitieron comunicados en los que se minimizaban las dimensiones del derrame y sus efectos perjudiciales, la gravedad del asunto se comenzó a palpar entre los jachalleros, los cuales empezaron a organizarse y a luchar. Se multiplicaron las asambleas y las denuncias en la Justicia. La empresa primero dijo que se trataba de 15 mil litros de cianuro, luego fueron 224 mil y finalmente se reconocieron en 1 millón de litros. El cianuro es parte del método de lixiviación por medio del cual Barrick extrae oro de Veladero desde 2005. Hasta el momento se han imputado algunos trabajadores de Barrick Gold, pero no se ha logrado la expulsión total de la minera de estos territorios. Las autoridades insisten en que no quedaron residuos de cianuro en el río Jáchal, al contrario de lo que investigó la Universidad Nacional de Cuyo, para quien las dosis de metales pesados son mayores a las tolerables. Afortunadamente, en medio de la preocupación por la salud de las poblaciones afectadas y el daño al medio ambiente, emergió un pueblo luchador que continuará bregando por la erradicación de esta actividad extractiva.
Alrededor del mes de octubre confluyeron una serie de problemáticas ambientales para la localidad de Alta Gracia. Por un lado, la asociación civil 8 de Agosto denunció la usurpación de unas 60 hectáreas de tierras fiscales por parte de un privado en un área de protección, al oeste de la ciudad. Esta acción implicó el cerramiento de parte del arroyo Santa Cruz, en sintonía con la práctica de muchos otros que privatizan el espacio público de los arroyos y sus riberas.
También fue el mes de las fumigaciones ilegales, puesto que se aplicaron agrotóxicos en un campo colindante a barrio Parque San Juan en contra de la zona de resguardo estipulada por la Ordenanza 9375. Esta ordenanza prohíbe el uso de agroquímicos a menos de 1500 metros de cualquier asentamiento urbano, lo cual fue incumplido en el caso señalado. El delito preocupó a los vecinos y vecinas, los cuales se reunieron en la plaza del barrio para comenzar acciones de repudio y denuncia. Días después presentaron un pedido de información ante la Municipalidad aunque los hechos fueron confirmados en una sesión del Concejo Deliberante y se trasladó al Tribunal de Faltas la aplicación de la multa establecida.
El mes no concluyó mejor, considerando que la familia Zuberbuhler propietaria del country Potrerillo de Larreta, consiguió una renovación de la cautelar que le permite mantener el arroyo Los Paredones alambrado. Fue la jueza Graciela Vigilanti quien aprobó esta renovación por segunda vez, haciendo que con los meses acumulados, se sumaran un total de 17 meses de privatización del espacio público. El colectivo Todos por Nuestros Arroyos denunció esta situación y solicitó la expedición más pronta de la jueza sobre la cuestión de fondo. Con el objetivo de incidir por la liberación del curso de agua, recurrió por asistencia a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Fundeps, la cual presentó un amicus curiae que fue aceptado por la Justicia.
Durante octubre, la emblemática Asamblea de Famatina protagonizó un bloqueo ante una nueva amenaza. La empresa minera Midais SH inició labores en el emprendimiento minero Río Blanco en la localidad de Angulos de La Rioja, pero gracias a la resistencia de asambleas de Famatina, Chilecito y La Rioja, así como de vecinos del norte famatinense, se tuvieron que suspender las actividades.
El mes de noviembre llegó con la absolución de la referente indígena mapuche Relmu Ñamku y dos compañeros, Martín Maliqueo y Mauricio Rein. Relmu fue enjuiciada por el cargo de tentativa de homicidio, del cual fue declarada inocente. Estos luchadores estaban defendiendo su territorio en 2012 frente a la multinacional petrolera norteamericana Apache (hoy YPF), en un episodio muy violento en el que se intentó desalojarlos con topadoras. Para el proceso judicial se conformó por primera vez en América latina un tribunal intercultural, mitad mapuche, a la vez que se estipuló la traducción simultánea del juicio en idioma mapuche.
A su vez, todos los que pasaron por la Avenida 9 de Julio en Capital Federal, vieron una imagen: la del acampe indígena Qopiwini. Integrantes de los pueblos originarios Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé del noreste argentino acamparon 10 meses de febrero a diciembre, con el objetivo de que se les diera respuestas a sus problemáticas, principalmente que se les garantice el acceso a la tierra, de la que han sido sistemáticamente desalojados por la violencia de privados y del Estado. Bajo el lema “la tierra es nuestra vida”, se ha buscado diálogo con un Poder Ejecutivo que negó y evadió la resistencia Qopiwini. El cambio de gobierno nacional no parece esperanzador en términos de reparaciones, al margen de algunas promesas, puesto que el avance de la soja o de la actividad petrolera no señalan marchas atrás o limitaciones en sus graves consecuencias ambientales. En los territorios indígenas, la lucha continuará intensa para el año 2016.
La zona de Punilla, en Córdoba, terminó el año con una resolución favorable para los vecinos de San Antonio, pues la Cámara Octava ratificó la necesidad de realizar una audiencia pública para el emprendimiento inmobiliario Gran Dorado, a pesar de la apelación del gobierno provincial que insiste en evitarla. Por medio de una audiencia, tal como está estipulado en la Ley de Ambiente provincial, se podrían presentar los reparos que tienen organizaciones como Adarsa sobre este proyecto de la empresa Gama, relacionados con una enorme pérdida de monte nativo y un preocupante despilfarro de recursos hídricos vitales para la población del lugar.
A nivel internacional, finalmente, quedó el sabor amargo de la Cumbre del Clima de París (COP21) que estableció un límite de 2 grados para el calentamiento global, cuando las ONGs y expertos más abocados al problema del cambio climático indicaban la imperiosa necesidad de no superar los 1,5 grados. Tampoco se logró comprometer a los Estados en una financiación adecuada para la prevención y reparación de catástrofes relacionadas con el calentamiento global que, cabe señalar, afecta sobremanera a los países del sur a pesar de ser los menos responsables de este problema.
El balance positivo del año se lo llevan, sin dudas, las asambleas, las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas por su compromiso en defensa del ambiente. Habría mucho más para relatar sobre los atropellos del capital y del Estado, en un contexto de elecciones en el que nada dijeron los principales candidatos en campaña sobre los cada vez más exacerbados conflictos ambientales de nuestro país. Aunque el ambiente no haya estado en la agenda pública oficialista u opositora, los movimientos socioambientales escribieron su propio calendario de resistencia y creación, con la Pachamama como eje. Celebramos así, a modo de cierre, la realización de la 5° Fiesta del Ambiente de Paravachasca; la 3° Primavera sin Monsanto; la 1° Primavera sin Barrick; la 4° Cruzada de las Sierras Chicas por la soberanía del agua, del bosque y de nuestra tierra; el 25° encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en Malvinas Argentinas, entre tantos otros cantos de alegría por los bienes comunes y la salud de los pueblos.
