En una resolución del 17 de mayo pasado, el fiscal Alejandro Peralta Otonello dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga el desborde contaminante de la planta de residuos peligrosos Taym, el 28 de marzo de 2017, y que tiene como imputados por “contaminación ambiental culposa” a dos de los responsables de la empresa: César Rispsky y María Aráoz Ferrer, gerente y jefa técnica, respectivamente. Desde la organización Santa María Sin Basura, Eliana Lacombe celebró esta elevación a juicio, pero denunció que la causa por responsabilidades de funcionarios públicos “no ha avanzado en nada”.
En la elevación a juicio, remitida por el fiscal Peralta Otonello, se interpreta que en aquella jornada de intensa lluvia en el Valle de Paravachasca, “los imputados subestimaron la importancia de la acción hídrica por el terraplén Oeste, ya que el día del hecho, el mismo se encontraba en etapa constructiva”.
Daños ambientales
Los peritos consideraron que producto del desborde de la planta, en aquella jornada de intensa lluvia en el Valle de Paravachasca, “se produjo un daño ambiental leve, de tipo MÚLTIPLE (en cuanto a la naturaleza variada de los contaminantes), DIFUSO (por las variadas formas de dispersión y transporte de la contaminación), MUY EXTENDIDO (se ha involucrado una enorme superficie de terreno, subsuelo y aguas subterráneas), de DURACIÓN VARIABLE (corto plazo para compuestos orgánicos biodegradables hasta largo plazo o permanente, para elementos estables como los metales pesados), de DISTRIBUCIÓN VARIABLE (según la naturaleza de los distintos componentes contaminantes, desde homogénea a muy distribuida, para contaminantes solubles y particulados finos, hasta marcadamente heterogénea o localizada en puntos precisos pero desconocidos e imposibles de ubicar geográficamente, por razones topográficas)”.
En síntesis, se interpreta que “por imprudencia y negligencia de la empresa Taym se produjeron daños de tipo objetivo y subjetivo”. Entre ellos, en la elevación a juicio se enumeran: “Se puso a la población en riesgo concreto de contacto directo con contaminantes peligrosos para la salud; esta situación de riesgo por daños a la salud de la población puede persistir a futuro, por tiempo indeterminado y en un grado imposible de determinar hoy; se generó una situación de zozobra y sensación de inseguridad de la población en cuanto al consumo del agua potable, de productos fruti hortícolas, etc.; mayor costo de vida para cierta fracción de población, inducida a pagar por agua embotellada, productos agrícolas provenientes de otras localizaciones; devaluación de campos y terrenos residenciales, sin poderse precisar su magnitud”.
Asimismo, siempre según lo consignado expresamente en la elevación a juicio, los peritos señalaron que “se ha demostrado que una parte del agua llegó al Canal Los Molinos – Córdoba, proveniente de la planta Taym”, y que a raíz de esto, “existen probabilidades de haber ingresado a la planta potabilizadora”. Desde allí se deduce que “se puso en riesgo a la población”. Se asume que “pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según los protocolos de Aguas Cordobesas”. Se aduce que “muchos de estos contaminantes podrían fijarse a los alimentos cultivados en las inmediaciones, y pasar sin controles específicos, ya que los controles convencionales no incluyen la variada lista de sustancias tóxicas y peligrosas presentes en la empresa Taym, poniendo en riesgo la salud poblacional”.
En virtud de todo lo mencionado, en la elevación a juicio se considera que “las responsabilidades de la contaminación leve, de tipo múltiple, difuso, muy extendido, de duración variable, de distribución variable, no aparecen como atribuibles a una sola persona”, anticipando que podría haber responsabilidades en autoridades públicas y empresariales y advirtiendo que “se necesitará una amplísima discusión para arribar a un estado intelectual de convicción – positiva o negativa- para arribar a una resolución definitiva”.
«Acá ha habido un enorme plan de encubrimiento»
“Hemos recibido con bastante alivio esta noticia después de cuatro años de la inundación, desborde y contaminación con residuos peligrosos por parte de la planta Taym. Ha pasado mucho tiempo y es un daño ambiental gravísimo. El propio fiscal da cuenta en base a la pericia oficial, del desplazamiento de residuos peligrosos disueltos en el agua”, manifestó Eliana Lacombe, entrevistada en el programa “Que No Se Te Escape” de la Radio Tortuga 92.9.
Asimismo, destaca la integrante de la organización “Santa María Sin Basura” que lo que confirma la pericia es que el agua contaminada entró a la Planta Potabilizadora de Aguas Cordobesas, que alimenta del vital elemento a buena parte de la capital de la Provincia; hecho que el gobierno provincial “todo el tiempo ocultó”. Lacombe recordó que una parte de la empresa privada Aguas Cordobesas pertenece al Grupo Roggio, quien también detenta parte de la propiedad de la empresa Taym. “Acá ha habido un enorme plan de encubrimiento que ha tenido éxito porque la gente se quedó tranquila”, esgrimió Lacombe con preocupación.
En virtud de todo ello, Lacombe apuntó que desde “Santa María Sin Basura” se sienten tranquilos “porque logramos que la causa no prescribiera”; pero que la otra causa, que investiga la responsabilidad de funcionarios públicos en esta tragedia ambiental, que se halla en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, “no ha avanzado en nada”.
Finalmente, Lacombe señaló al ministro de Servicios Públicos, Fabián López, como “uno de los principales responsables porque fraguó un certificado de no inundabilidad” del predio en el que está ubicado Taym, allá por el año 2000, cuando era el responsable de la DIPAS y la Agencia Córdoba Ambiente le solicitó ese documento para brindar licencia ambiental a la instalación de esta empresa sobre la Ruta 36.
“La planta jamás debió ser autorizada para instalarse ahí”, concluyó Eliana Lacombe, quien precisó que en aquel momento había documentación que daba cuenta del riesgo que significaba la instalación de cualquier emprendimiento en esa zona y, más aún, si se trataba de una planta de residuos peligrosos.
Escuchá la entrevista a Eliana Lacombe en este audio:
