El tribunal que investiga la causa Taym por la inundación y derrame ambiental del pasado 23 de marzo de 2017, y que afecto de manera directa a los vecinos y vecinas de Villa Parque Santa Ana, recibió el día lunes 6 de agosto a través del fiscal, Marcelo Fenol, el rechazo de ser querellantes particulares del caso.
El abogado Carlos Gonzalez Quintana, que representa a los vecinos y vecinas del lugar en comunicación telefónica con Radio Tortuga manifestó: «apelamos a través del código de procesamiento que nos avala. Un fiscal no asignado para la causa, Marcelo Fenol, es quien ha plasmado su firma en la resolución que rechaza a ser querellantes a la comunidad de Villa Parque Santa Ana y nosotros la rechazamos con un recurso de oposición».
Así mismo, el documento presentado por los Vecinos Autoconvocados Santa María Sin Basura, rechazan esta injusta decisión, denunciando al Ministro de Ambiente, Fabián López, como el responsable de haberle otorgado a la empresa de Benito Roggio una certificación de “no inundabilidad” en el año 2000, a pesar de que los informes técnicos advertían sobre las características geográficas e hidrológicas desfavorables del predio ubicado en Alto El Durazno.
El Gobernador Schiaretti pidió a este Ministro investigar la contaminación del agua del canal Los Molinos, pero la causa estuvo detenida por más de seis meses recayendo en dos oportunidades en el fuero Penal Económico, conocido como “Anticorrupción”, que tiene el triste recuerdo de no resolver en años causas que involucran a funcionarios públicos.
La presión y el trabajo incesante de los vecinos y vecinas del lugar hicieron que la causa se dividiera en dos: una es la investigación sobre las responsabilidades de los privados que recayó en la fiscalía del Dr. Peralta Ottonello de Alta Gracia y la segunda, la investigación correspondiente a los funcionarios públicos que se radicó en la Fiscalía Anticorrupción de 2do. Turno, que se encuentra sin fiscal a cargo.
Paradógicamente este lunes un fiscal no asignado y con una «Firma Ruego», rechazó el pedido de la comunidad de ser querellantes para participar de todos los derechos que la ley les otorga, afirmó el abogado defensor de la comunidad.
Además, agrego que «no hay plazos de resolución ante la apelación presentada y que pasa a estudios. Esto significa que tiene que ser revisada por el fiscal que la firmo, y si mantiene su firma, se eleva a la jueza de Anticorrupción y se espera la decisión».
