La Legislatura, en tiempo récord (menos de una semana), aprobó la planificación del segundo anillo del Gran Córdoba, que proyecta el crecimiento urbano de la capital provincial, afectando directamente a los departamentos Colón, Punilla y Santa María.
Si bien la planificación es necesaria y aplaudida, es cuestionado el modo en que se aprobó, desoyendo el pedido de organizaciones sociales con una multitud de notas ingresadas por Mesa de Entrada para participar en el debate y formular aportes y críticas. Desde la mayoría parlamentaria de la Unicameral, se argumentó que para la elaboración del proyecto aprobado, se tuvo en cuenta la opinión de intendentes y jefes comunales de las zonas comprometidas.
La legisladora Adela Coria, del Frente Progresista, es una de los tantos que se opusieron al modo llevado adelante por el cuerpo. En una entrevista con Radio Tortuga 102.7, recordó que para la aprobación del primer anillo, se tuvo en cuenta a organizaciones sociales que trabajan con el urbanismo y la problemática ambiental (Grupo EsCalera y Aula Abierta de Montaña), para alcanzar un proyecto consensuado.
Compartimos un audio de la entrevista con Adela Coria y a modo de adjunto, un artículo que escribió como nota de opinión para los medios, junto a su asesora María Inés Chiotti.
IPLAM, urbanización ¿y después?
Adela Coria, Legisladora Provincial
María Inés Chiotti, Asesora Legislativa
Planificar el desarrollo de Córdoba no solo es una materia pendiente, sino vital. Una planificación seria ante el crecimiento descontrolado, al ritmo del capital inmobiliario y sojero que tiene a la provincia en una clara crisis socio-ambiental e hídrica, no basta únicamente con un equipo de trabajo técnico e incluso con la consulta a los intendentes y jefes comunales, sino con una planificación realmente participativa de todos los sectores involucrados con un desarrollo integral y ambientalmente sustentable para nuestro territorio.
El Proyecto de Ley Nº 8142/E/11 en cuestión: Implementando la Segunda Etapa del “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”, en los términos y con los alcances de la Ley Nº 9841 (Primer Anillo), avanza sobre bosque nativo, agricultura familiar, comunidades campesinas serranas y cuencas hídricas. Se trata de la disputa por el territorio en concreto.
Planificar en base a una única y prioritaria variable (la económica) convierte en cuestionable, como mínimo, este proyecto. Hace tan solo un mes la agenda de todos los medios hablaba de la emergencia hídrica. Salsipuedes, por ejemplo, aún hoy no abastece normalmente de agua a sus habitantes y los mapas de este proyecto de Ley indican un crecimiento exponencial de la urbanización consolidada de esta localidad. ¿Cómo se planifica el abastecimiento de agua para este tipo de casos? ¿Cuántas Canchas de Golf y Countries sustenta este modelo? La ciudad de Alta Gracia también crece, según este proyecto, sobre territorios de bosque nativo y desconociendo como sujetos de derecho a las comunidades serranas de agricultores familiares, y a la problemática hídrica local.
Desde hace varios años los cordobeses vivimos los resultados de la ausencia de planificación y hoy, de una planificación bajo este modelo de crecimiento económico sin desarrollo participativo, integral y sustentable a corto y mediano plazo.
Hace poco más de un año una controvertida e inconstitucional Ley de Bosques fue votada (Nª 9814) por esta legislatura. Hoy, si se aprueba este proyecto, se violan las zonas rojas (máxima categoría de conservación) determinadas por dicha normativa. Cuanto menos, existe una contradicción normativa insalvable por parte de esta misma Legislatura. En psicología y también en política, eso se denomina “esquizofrenia”.
Las diversas instituciones y organizaciones con reconocida trayectoria en el tema y que trabajan e investigan en los territorios afectados al presente Proyecto de Ley, tienen el derecho y el deber de aportar constructivamente al proceso legislativo en pos de una buena y efectiva normativa que cumpla con los legítimos objetivos de la Ley. El pedido por nota formal a participar en el debate de este proyecto, como fue hecho con leyes anteriores de tamaña envergadura, no ha sido reconocido por el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Sumado a un tratamiento legislativo cuestionable que desconoció a la Comisión de Asuntos Ecológicos, que fuera Comisión Madre de la Ley del IPLAM 1ª Anillo 9814. Es preciso advertir, como aprendizaje de procesos genuinamente democráticos, que si el grupo Escalera y la COTBN[1] no lo hubieran demandado, dicha Ley se sancionaba desconociendo el espacio de la Reserva Natural Militar del Tercer Cuerpo, se hubiera triplicado la dimensión de la Calera, y hubiera sido un bochorno su sanción antes de la Ley de Bosques.
Hoy, la miopía y discrecionalidad política del bloque oficialista lleva a tratar en soledad este Proyecto de Ley que impacta, sin lugar a dudas, en lo ambiental y en el carácter mismo de la democracia. Una vez más queda demostrado un estilo de hacer política propio de otros siglos. Es importante saber que los tiempos ya han cambiado.
[1] Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.
