La cuarentena ha mostrado duras situaciones principalmente en barrios populares donde el contexto económico es más complejo. Allí afloran los gestos solidarios, el trabajo de organizaciones y las iniciativas vecinales, ¿pero qué medidas se han tomado desde los gobiernos para mejorar la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos?
Una gran cantidad de experiencias, basadas principalmente en la aparición de ollas populares o entrega de alimentos, sirven como estrategias para intentar paliar la grave situación económica y de acceso a recursos básicos de gran parte de la población altagraciense.
Distintas organizaciones sociales tomaron la definición de trabajar territorialmente, pese a que el Gobierno de Marcos Torres sugiere no realizar actividades como la apertura de merenderos o la realización de ollas populares ante la posibilidad de contagios por aglomeración de gente, actividades permitidas por su esencialidad dentro de las excepciones nacionales.
Pese a la postura municipal, el pedido de ayuda es tan grande, que militantes sociales se lanzaron a realizar este tipo de actividades, extremando los cuidados con el objetivo de dar soluciones.
El análisis de referentes de organizaciones sociales ante la situación es similar en todos los casos. El Estado no llega a todos lados y no se puede esperar mucho de algunos actores privados.
En este sentido advirtieron: «Es muy difícil ayudar desde casa, porque por ejemplo si querés enviar bolsones a través del servicio de cadetería, la empresa de remis que brinda este servicio casi monopólicamente dice que hay barrios a los que ‘no entra’ como Primero de Mayo, algo que en la situación en la que estamos es una canallada. Ya hemos hablado de esto con autoridades locales, pero no tuvimos respuestas aún».
Asimismo, una vecina encargada de una olla popular reflexionó ante un periodista de este medio: “Si me piden que no abra la olla popular, el Municipio no me ofrece una alternativa para darle de comer a la gente. Sólo sugieren que cierre”.
Respuesta estatal
Una de las respuestas del Municipio ante la crisis, ha sido la entrega de alimentos a familias carenciadas. Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Alta Gracia informaron que se entregaron dos mil módulos alimentarios desde que comenzó la cuarentena.
En esta línea Mariano Agazzi, titular del área explicó que el criterio para entregar las colaboraciones a familias, es que no reciben beneficios sociales ni provinciales ni nacionales. Además contó ante los micrófonos de Radio Tortuga que con cada módulo alcanza para «cinco o seis días» en el caso de familias tipo, conformadas por cuatro personas.
Por su parte el Estado Nacional brindó de manera excepcional bonos a jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, monotributistas «A» y «B» y trabajadores informales y sumó otros planes, llegando en el caso de Alta Gracia a miles de ciudadanos y ciudadanas.
Condiciones Permanentes
El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba (OTES) realizó hace algunos días un informe especial sobre las «condiciones de vivienda en el Gran Córdoba», donde entre otras conclusiones definieron que 465 mil personas «residen en hogares con deficiencias fundamentales», lo que representa a tres de cada diez habitantes del Gran Córdoba.
Si bien este estudio está enmarcado sobre el Gran Córdoba que incluye además de la Capital a Villa Allende, Saldán y Guiñazú Norte, los datos sobre el presupuesto destinado por el Estado provincial son claves a la hora del análisis.
En ese marco, el Observatorio destacó que los Programas de Vivienda sufrieron un recorte del 38 por ciento entre 2013 y 2020 por parte del Gobierno Provincial y a su vez en 2019 se utilizaron tan sólo 49 pesos por cada cien que estaban destinados a mejorar las condiciones de vivienda de la población.
En Alta Gracia, ejemplos como barrio Primero de Mayo donde el Gobernador Juan Schiaretti anunció en 2018 la realización del Programa de Mejora Barrial (PROMEBA) o la Asociación Civil 8 de Agosto que reclama desde hace años por la apertura de calles, son algunos ejemplos de las deudas del Estado.
“En la nada”
Norma Ariza es vecina de barrio Primero de Mayo. Distintas organizaciones han trabajado en la gestión por mejorar el hábitat y así aplicaron para acceder al PROMEBA, un plan nacional que consiste en brindar servicios básicos y mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos de barrios populares. En medio de una disputa política, el Gobernador Juan Schiaretti anunció en 2018 el comienzo de obras, sin embargo con muy poco ejecutado, se frenó desde hace un tiempo.
“El PROMEBA quedó en la nada. Sólo se realizó cordón cuneta desde Avenida Yrigoyen hasta calle Fernando De La Peña por Zabala Ortiz y se pusieron algunos caños de cloacas que no están funcionando porque no están conectados. Ante ello, desde el Movimiento Primero de Mayo, la Coordinadora 27 de Mayo y vecinos autoconvocados empezamos a entregar notas en la Municipalidad para ver qué respuesta obtenemos”, explicó Ariza.
La vecina mencionó que hubo un compromiso de parte del Municipio para reunirse, pero por cuestiones personales de uno de los profesionales estatales se fue postergando el encuentro y finalmente comenzó el aislamiento social.
En Primero de Mayo según informó Norma, hay 350 viviendas donde hay “dos o tres familias por terreno”, con diferentes condiciones de vida, aunque prima el hacinamiento y la falta de acceso a trabajos formales.
Un barrio sin calles
La Asociación Civil 8 de Agosto fue fundada en 2012 cuando un grupo de vecinas y vecinos inició un proceso de ocupación de tierras fiscales realizando gestiones y proponiendo un plan de trabajo junto al Estado y otras organizaciones sociales. Sin embargo hubo enfrentamientos con el Municipio.
“La situación de esas 25 familias no difiere mucho de otras personas en la Provincia y en el País que está atravesado por el hacinamiento, la precariedad de la vivienda y la falta de la presencia del Estado municipal, provincial y nacional”, expresó Omar Flores, secretario de la institución.
“Tenemos una mirada integral sobre la producción social del hábitat y nos llevó mucho tiempo resolver las obras de infraestructura y la electricidad, incluso podríamos decir que se logró a medias. Después del acampe el año pasado, cuando se conformó la mesa de organización y gestión donde se sumó el Municipio y Epec, se logró completar la red de servicio eléctrica, pero no así la apertura total de calles”, planteó Flores.
Hoy unas 25 familias viven en el barrio conformado por la organización hacia el sur de barrio Liniers, donde cuentan con un par de huellas que simulan ser calles y que no permiten por ejemplo el ingreso de ambulancias o de Bomberos.
Compartir el agua
En barrio Solares del Palmar o Sabattini Anexo viven unas 450 familias. Este barrio que se encuentra entre calle Rawson y el camino que cruza por detrás del Instituto El Obraje, tiene dificultades con el acceso a servicios y se sigue gestionando ante el Municipio.
“El agua es un gran problema. Por un lado las cañerías son viejas y son muchas las personas que comparten el agua y se han quedado sin el servicio muchas veces. Es algo a tener en cuenta”, contextualizó Yamila “Chami” Luna, militante de la Organización Libres del Pueblo (OLP) que coordina el espacio sociocomunitarios Los Pekes y de Feminismo Popular.
Además, Chami manifestó que es fundamental trabajar sobre el servicio de cloacas donde “hay un ejemplo en el que diez familias comparten la cloaca” y la regularización de escrituras para que se pueda avanzar en otras gestiones.
En todos los casos, las vecinas y vecinos plantearon dificultades en el acceso al servicio de luz.
Por: Diego Heredia
