El jueves 11 de septiembre, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizó en la ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Salud de la Nación, para denunciar un ajuste de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que implica, entre otros perjuicios, la no renovación de convenios y el consecuente cierre de 40 Casas de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria (CAC) de todo el país.
“Los espacios que trabajan con los pibes y las pibas en consumo no son una variable de ajuste. Así lo expresan ellos mismos y los trabajadores que acompañan sus procesos. Ajustar esta política es habilitar el avance del narco”, expresaron desde la UTEP.
Al finalizar la marcha, Dina Sánchez, secretaria adjunta de la organización dijo que “el narcotráfico nos pega de forma muy personal porque vemos todos los días en los barrios a los pibes con problemas de consumo”.
«El Gobierno desmantela la Red de Asistencia Comunitaria», denuncia la UTEP, que subraya que estas medidas del Gobierno no sólo «deja en la calle» a cientos de trabajadoras y trabajadores y operadores pares «que ponen el cuerpo cada día»; sino que además «abandona a miles de jóvenes y familias que luchan contra los consumos problemáticos».
Subraya la UTEP que estas casas «no son oficinas ni expedientes», sino «la primera y, muchas veces, la única puerta a la que puede golpear un pibe o una piba en crisis».
«Son el espacio de confianza en el barrio, donde, en lugar de un turno, encuentran un plato de comida, un abrazo y una escucha sin juicios. Son el corazón de un modelo de abordaje comunitario que funciona, sostenido por quienes estuvieron en el infierno del consumo y hoy ayudan a otros a salir», refuerza la UTEP.
Asimismo, advierte la entidad que «en el momento de mayor angustia social, producto del ajuste, la desocupación y el recorte de la asistencia alimentaria, el Estado se retira y deja tierra arrasada». Y en espejo, alerta que mientras «el gobierno aplica la motosierra sobre quienes salvan vidas, condenando al descarte y a la muerte a las víctimas del consumo», «las redes del narcotráfico crecen en los barrios como nunca antes».
Políticamente, sentencia la UTEP que «es el mismo gobierno de los alimentos acopiados y los contratos truchos en el Ministerio de Capital Humano» y el que «ataca la salud pública en el Garrahan y desfinancia las políticas de discapacidad»; el que ahora «desmantela la única red de contención comunitaria para quienes atraviesan una adicción, demostrando que su plan es la miseria planificada».
En ese marco, frente al Ministerio de Salud se exigió la Declaración de la Emergencia Nacional en Adicciones, la reapertura inmediata de todas las Casas de Acompañamiento Comunitario y la renovación de sus convenios, la garantía de la continuidad laboral para el personal del sector y el aumento urgente del presupuesto para la prevención y el tratamiento de las adicciones con enfoque comunitario.
