En las últimas horas, se reveló que en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que disponía criterios para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, se utilizaba calificativos como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» para clasificar a las personas con discapacidad. La decisión generó una amplia ola de repudios, que cuestionaron su carácter estigmatizante y discriminatorio. Frente a este escenario adverso, el Gobierno se vio obligado a reconocer públicamente su error y anunciar la modificación del texto en cuestión.
Lejos de asumir la responsabilidad política que le cabe por la inclusión de estos calificativos, vetustos y estigmatizantes, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, hizo referencia a «un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta». Dicha consideración evidencia una preocupante falta de conocimiento real sobre los paradigmas actuales de inclusión dentro de la oficina que debe abordar las políticas públicas para este sector social históricamente vulnerado en sus derechos.
Por el contrario, el funcionario tomó distancia de la cuestionable decisión y responsabilizó del «error» a algún subalterno, al informar que «ya se inició una investigación interna para determinar la o las personas responsables de esto y avanzar con su desvinculación».
«Modifican la resolución, pero el daño está hecho», afirmó Romina Zejdlik, de la fundación «Por una inclusión plena». En un texto que publicó en sus redes, analizó que el texto original de la Resolución 187 «no es un error menor ni un simple descuido»; sino «la muestra clara de una mirada rehabilitadora y estigmatizante que desconoce las normativas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad».
En este escenario, subrayó Zejdlik que más allá de la modificación que se vio obligado a hacer el Gobierno, ya se generó «un daño tremendo». Asimismo, indicó que «el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos» y que «las mayores barreras que enfrentan las PCD (personas con discapacidad) se encuentran en el entorno y en la mirada segregadora hacia la discapacidad».
Una mancha más al tigre
Este «error» no puede analizarse por fuera de un contexto en el cual prestadores de servicios de discapacidad vienen reclamando de manera sostenida una falta de actualización en sus aranceles, que pone en riesgo permanente los derechos de los usuarios a recibir atención de calidad y acorde a sus necesidades.
Tampoco puede quedar fuera del análisis el hecho de que el mismo presidente de la Nación, Javier Milei, utilizó el término «mogólico» como un insulto, evidenciando un desinterés absoluto por acompañar los avances en la consolidación de un lenguaje más inclusivo.
Finalmente, esta resolución «polémica», precisamente, corresponde a la presunta búsqueda de normalización del sistema de pensiones no contributivas por invalidez que encara el Gobierno Nacional, que ha puesto bajo sospecha a muchos beneficiarios.
Ola de repudios
Cabe mencionar que entre los repudios que recibió este «error» del Gobierno, se encuentran la diputada nacional cordobesa Natalia De La Sota, del bloque Córdoba Federal, que criticó que con «ignorancia y crueldad», la Andis reincorporó «terminología obsoleta y degradante» para evaluar a las personas con discapacidad intelectual.
Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, en tanto, había presentado un proyecto de Ley para derogar la resolución de la Andis, argumentando que el Gobierno, con dicho texto, «vuelve 200 años para atrás». En ese marco, ensayó un análisis respecto a las razones que llevaron a la oficina nacional a utilizar estos términos: «Son ignorantes y no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo en la Andis; son perversos y buscan un ajuste para lastimar a las personas; o son ignorantes y perversos».
Finalmente, también la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, se pronunció al respecto: «La utilización de términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad por parte de organismos del estado constituye un verdadero acto de violencia institucional».
