A través de un documento, firmado por el biólogo Raúl Montenegro, la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nóbel Alternativo (Right Livelihood College), se solidarizaron «con la lucha pacífica y fundada de los pobladores de Bialet Massé contra el tendido ilegalmente legalizado de alta tensión, y contra las dos ilegalmente legalizadas autovías de Punila y Paravachasca», y esgrimieron duras críticas contra el gobierno de la Provincia de Córdoba por su política ambiental.
Engloban a estas obras en un proceso de «ilegalidad crónica desplegada por el Gobierno de Córdoba»; con toma de decisiones «que benefician a grandes empresas constructoras» y con la sanción de leyes caprichosas. En ese marco, cuestionan específicamente la tarea de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como «herramienta de dudosa capacidad técnica y gran poder».
«En primer lugar el gobierno provincial y EPEC diseñaron un trazado desconociendo deliberadamente que la buena ciencia ha demostrado, y confirmado que la exposición crónica a campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas puede producir leucemia en niñas y niños», dicen entre otras cosas sobre las líneas de alta tensión en Bialet Massé, que han sido masivamente repudiadas por la comunidad. En ese marco, repudian además la criminalización de la protesta por parte del gobierno provincial.
«La población afectada no dejará que éstas y otras generaciones olviden a quien pasará a ser el gobernador que más daño ambiental y sanitario provocó en la provincia», manifiesta fuertemente el documento, aludiendo al gobernador Juan Schiaretti. Y avanza el texto: «Sus daños están impresos en las sierras, donde se ven heridas de una mal hecha ruta. Su impericia está en las cuencas hídricas aprobadas por ley que el gobernador nunca quiso que funcionaran. Su capricho y sus ilegalidades están en el proyectado canal de agua Paraná-San Francisco-Córdoba. En los descabellados proyectos de autovía en Punilla y Paravachasca. En su demorado pedido de auxilio cuando en 2020 se quemaban miles de hectáreas en Córdoba y morían dos personas. En su apoyo a la Mesa de Enlace y al uso masivo e indiscriminado de plaguicidas. Al mantenimiento de Córdoba entre las úinicas 5 provincias que permiten el ingreso de residuos paligrosos procedentes de cualquier lugar de Argentina. En su fallido intento por transformar la ley provincial de bosques en ley de desmonte».
A continuación, se reproduce completo el documento:
NO A LA ILEGALIDAD CRÓNICA DESPLEGADA POR EL GOBIERNO DE CÓRDOBA PARA CONSTRUIR LAS AUTOVÍAS DE PUNILLA Y PARAVACHASCA, Y NO AL PÉSIMAMENTE ELABORADO TRAZADO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE BIALET MASSÉ.
Por el presente documento tanto la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) como el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), que tiene su sede en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, nos solidarizamos con la lucha pacífica y fundada de los pobladores de Bialet Massé contra el tendido ilegalmente legalizado de alta tensión, y contra las dos ilegalmente legalizadas autovías de Punila y Paravachasca.
Decimos ilegalmente legalizadas porque el gobierno de Córdoba, con una modalidad más imperial que democrática, primero toma decisiones que benefician a grandes empresas constructoras, luego busca y obtiene financiamiento (propio e internacional), y después trata de adaptar las leyes a sus caprichos. Para ello cuenta con una herramienta de dudosa capacidad técnica y gran poder: la Secretaría de Ambiente de la provincia.
En el caso particular del tendido de línea de alta tensión que afecta a Bialet Massé el gobierno de Córdoba cometen cuatro violaciones simultáneas:
En primer lugar el gobierno provincial y EPEC diseñaron un trazado desconociendo deliberadamente que la buena ciencia ha demostrado, y confirmado que la exposición crónica a campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas puede producir leucemia en niñas y niños. Tanto Ahlbom y colaboradores como Greenland y colaboradores demostraron en sus metaestudios del año 2000 que niños expuestos a campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microteslas tienen 1,7 a 2,0 veces mayor probabilidad de desarrollar leucemias. El trabajo de Ahlbom y colaboradores se basó en 9 estudios epidemiológicos previos, y el de Greenland y colaboradores en 12 estudios epidemiológicos previos. Ambos estudios fueron fundamentales para que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la OMS, considerara a los campos magnéticos como «posible cancerígeno para humanos (niños)», grupo 2 B, en 2001. Los resultados obtenidos en el año 2000 fueron luego confirmados por revisiones sucesivas realizadas por Kabuto y sus colaboradores en 2006 y por Clapp y sus colaboradores en 2008.
Deliberadamente el gobierno de Córdoba y EPEC utilizan la desactualizada Resolución Nacional 77 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación aprobada en 1998. Esa norma obsoleta contiene un desmesurado e irracional límite «ambiental» (no sanitario) de 25 micro Teslas cuando el estándar precautorio es de solamente 0,3 micro Teslas.
En segundo lugar, al adoptar una legislación desactualizada y técnicamente insostenible, e ignorar lo demostrado por la buena ciencia, el gobierno de Córdoba y EPEC violan en forma flagrante el Principio Precautorio que establece el Artículo 4 de la Ley Nacional de Ambiente 25675.
En tercer lugar, el gobierno provincial y EPEC incumplen y bastardean la Ley de Ambiente de la provincia de Córdoba 7343 y la Ley Provincial 10208 tomando decisiones primero, y buscando después -a través de la Secretaría de Ambiente- que las normas se «adapten» a sus torpes caprichos imperiales. Temerariamente colocan a la corporación eléctrica y sus ilegales procedimientos por encima de la buena ciencia y la salud de las niñas y niños. Porque la buena ciencia ha demostrado que ante exposiciones crónicas a campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 micro Teslas quienes más riesgos corren son las niñas y los niños.
En cuarto lugar el gobierno provincial criminaliza la protesta social y envía fuerzas de choque, armadas, para que desarticulen protestas familiares pacíficas. Peor aún: reprimen protestas pacíficas contra la ilegalidad manifiesta del gobierno y de EPEC. Es la fuerza bruta contra los planteos científicos y legalmente fundados.
Está claro que el Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y su Secretario de Ambiente Carlos Scotto no gobiernan en defensa de la salud y el ambiente, sino que protegen decisiones autoritarias e ilegales y buenos negocios para empresas contratistas.
En Córdoba se ha instalado la enfermiza e ilegal técnica de adaptar y forzar la letra de las leyes a los caprichos imperiales del gobernador. Por eso le tienen miedo a la protesta social, por eso envían policias contra familias, niñas y niños que defienden su propia salud.
El gobernador y sus acompañantes deben saber que tarde o temprano la Justicia los imputará. Pueden disfrutar de la impunidad transitoria que da el poder, incluso del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Al final del día la salud de las niñas y niños de Bialet Massé, y de tantos otros lugares de la provincia, vale más que las autovías y obras peligrosas impulsadas por Juan Schiaretti.
La población afectada no dejará que éstas y otras generaciondes olviden a quien pasará a ser el gobernador que más daño ambiental y sanitario provocó en la provincia. Sus daños están impresos en las sierras, donde se ven heridas de una mal hecha ruta. Su impericia está en las cuencas hídricas aprobadas por ley que el gobernador nunca quiso que funcionaran. Su capricho y sus ilegalidades están en el proyectado canal de agua Paraná-San Francisco-Córdoba. En los descabellados proyectos de autovía en Punilla y Paravachasca. En su demorado pedido de auxilio cuando en 2020 se quemaban miles de hectáreas en Córdoba y morían dos personas. En su apoyo a la Mesa de Enlace y al uso masivo e indiscriminado de plaguicidas. Al mantenimiento de Córdoba entre las úinicas 5 provincias que permiten el ingreso de residuos paligrosos procedentes de cualquier lugar de Argentina. En su fallido intento por transformar la ley provincial de bosques en ley de desmonte.
Desde FUNAM no solo nos solidarizamos con la lucha pacífica, justa y solidaria de los vecinos de Bialet Masé, Punilla, Paravachasca, Casa Bamba y tantos otros lugares. También los convocamos a seguir y profundizar las luchas administrativas, judiciales y públicas, tanto nacional como internacionalmente y a diseñar y construír en conjunto, como memoria y testimonio, innumerables monumentos al depredador, en toda la provincia, para que Juan Schiaretti y sus acompañantes nunca sean olvidados».
El texto en cuestión lleva la firma del biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM; profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004.
FOTO: Wolfgang Schmidt, para www.rightlivelihoodaward.org
