Las asambleas ambientales de Punilla y de Paravachasca sostienen que las obras para realizar las autovías, en dichos Valles, son ilegales. Deficiencias en los estudios de impacto ambiental, falta de transparencia en el acceso a las audiencias públicas son solo algunas de la cuestiones señaladas al momento del reclamo.
Para explicar con mayor detalle el porqué estas obras son consideradas ilegales, diariotortuga.com dialogó con René Amsler, abogado vinculado a la Asamblea Punilla.
«Para empezar hay una serie de objeciones a lo que ha sido el proceso de impacto ambiental. Recordemos que según procedimientos establecidos en la ley 10208, se deben garantizar estos procedimientos, sobre todo en lo referente a la participación ciudadana».
«Solo en ese aspecto tenemos un grupo importante de elementos que fuimos incorporando en los amparos. Un ejemplo es lo que sucedió con la audiencia pública virtual, que estuvo muy lejos de garantizar la participación, sobre todo a las personas que van a ser más afectadas», describe Amsler.
Y agrega: «Se omitió información. Tenemos certificado por escribano que la información no estaba disponible. De hecho la información sobre anexos y cuestiones que tienen que ver con el estudio de impacto ambiental no estuvieron disponibles hasta bien entrada ya la audiencia pública. Estos anexos que incluyen cuestiones técnicas complejas de ser estudiadas fueron publicados muy entrada la audiencia».
«Esto son solo cuestiones de procedimientos. Hay problemas de fondo aun más graves. Por ejemplo las comunidades originarias no fueron consultadas con carácter previo, ni siquiera informados. Esto lo han manifestado las mismas comunidades. El estudio de impacto ambiental está plagado de desprolijidades. Ni siquiera puede considerarse un estudio ambiental legalmente válido».
«Una cosa que hace el estudio, por ejemplo, es dejar librado al momento del trabajo, lo que sucede si se encuentran restos arqueológicos. No determina cómo proceder con ese material arqueológico. Un estudio serio no solo debe definir qué se hace en estas situaciones, si no que debe valorar y precisar estas cuestiones», ejemplifica el letrado.
Además, las trazas de estas autovías atraviesan zonas rojas, del ya casi inexistente bosque nativo protegido por ley. Ninguna obra puede afectar estas zonas, sin embargo es el propio Estado provincial el que impulsa la destrucción del monte.
En ese sentido Amsler explica que «no hay ninguna autorización, por más que la ley provincial se arrogó un artículo totalmente inconstitucional, diciendo que obras de infraestructura sí podrían atravesar zona roja. Bosque nativo no se toca en ningún aspecto».
«Peor aun, la ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo establece que cuando va a haber afectación y aquí la hay y mucha, los estudios de impacto ambiental deben ser acumulativos, es decir tiene que explicar en el corto, mediano y largo plazo qué efectos tendrá una autovía sobre ese contexto».
«Porque eso va a acumular un impacto por el crecimiento inmobiliario. Debe decir con claridad cómo se mitigarían estos efectos acumulativos de esta acción antrópica. No se han hecho estudios reales sobre las reservas arqueológicas y paleontológicas, que son muchos, muy ricos, muy reconocidos y de muy necesaria protección. No han hecho un estudio serio sobre estos aspectos. Es muy indignante esta situación».
Otro aspecto importante es la participación de los municipios y comunas por donde pasa la traza de estas autovías. Al respecto Amsler señala que «muchos municipios no dieron autorización para el uso del suelo y los que sí lo hicieron, lo hicieron violando absolutamente todas las normas de participación ciudadana».
«Incluso la misma ley 8102, que obliga a los municipios y comunas a tener la autorización de uso de suelo por parte de sus Consejos Deliberantes. Por ejemplo, en La Falda simplemente firmó el intendente como si fuera su casa, en Huerta Grande ni siquiera se firmó. Ha sido todo de muy dudosa legalidad».
