Por Agencia Farco. Desde la Fundación Micaela García emitieron un comunicado para cuestionar el texto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus, que el gobierno nacional envió al Parlamento. El mismo contempla la modificación de la Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos.
En primer lugar se quita la obligatoriedad de formación en materia de género para todos los integrantes del Estado, de los tres poderes. También se reduce la violencia de género a la violencia intrafamiliar.
Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, la joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, criticó en diálogo con Radio Gráfica que se quite “la obligatoriedad de la formación de Ley Micaela para todos los integrantes del Estado en todo su nivel y jerarquía”.
“La modificación que pretende hacer es que sea solamente sobre la temática de violencia familiar y contra la mujer y únicamente para aquellas personas que desempeñan el organismo competente en la materia, o sea, la área de género de los diferentes organismos del Estado, que en realidad son las personas que menos necesitan capacitarse de la ley Micaela porque, por ejemplo, se supone que las personas que trabajan en las área que tienen que ver con la temática de género están formadas para ocupar esos lugares”, agregó.
Críticas
La Fundación Micaela García «La Negra» emitió un comunicado crítico en el que, en principio, cuestiona que se quiera disponer la capacitación en violencia de género sólo para funcionarios vinculados estrictamente a esta materia, al recordar que «La Ley Micaela (Ley 27.499) se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran».
Y agrega, con énfasis: «Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia».
Avanza el documento, subrayando que «muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.). Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia».
Acto seguido, remarca que «no es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que pretende modificarse«; y lamenta que esta modificación se propone «a unos pocos días después de sentir muchísima emoción y orgullo al cumplirse 5 años de la sanción de la ‘Ley Micaela'»; a la que todas las provincias argentinas y muchos municipios han adherido; extendiendo dicha capacitación a otros ámbitos, como el universitario, el sindical, el empresario y el deportivo.
Destaca la Fundación que esta Ley «es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública«; y que en estos cinco años generó cambios, «que aún pequeños nos generan mucha esperanza».
La Fundación subraya su convencimiento del rol que debe tener el Estado «en la promoción de derechos y la prevención de las violencias»; entendiendo que «la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan las capacitaciones en la Ley Micaela«. Y sentencia: «Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre».
